El antiguo número dos de la Policía también defiende la legalidad de la operación para espiar a Bárcenas

El magistrado que indaga en la causa, el juez Manuel García Castellón , tomará una decisión hoy, según informaron fuentes jurídicas. Las medidas solicitadas incluyen la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y comparecencias quincenales ante los tribunales. El objetivo es asegurar la disponibilidad del comisario Pino ante la Justicia e impedir que entorpezca la investigación judicial.

Pino –el antiguo director adjunto operativo (DAO) de la Policía , en la etapa de Jorge Fernández Díaz c omo ministro del Interior– declaró ayer en torno a unas cuatro horas ante el juez, una comparecencia sin interrumpciones. El comisario aportó su versión sobre el espionaje a Bárcenas después de que dos comisarios investigados –el propio Villarejo y Enrique García Castaño, conocido como «el Gordo»– le señalaran como uno de los superiores que les ordenó la maniobra cuestionada. A través de este dispositivo, conocido de forma informal como operación Kitchen, el ministerio del Interior sufragó con fondos reservados una maniobra para sustraer supuestamente documentación a Bárcenas entre los años 2013 y 2015, con el objetivo de torpedar el avance de las investigaciones por la caja B del PP.

En la declaración de ayer, Pino calificó la operación de espionaje a Bárcenas como «un operativo de captación de información» y aseguró que todo se hizo dentro de la legalidad , una tesis defendida por los demás comisarios, que buscan despejar su responsabilidad. El pasado miércoles, Pino condensó su versión sobre este asunto con una frase que manifestó a los periodistas. «La operación Kitchen no existe» , repitió, con un elevado tono de voz, ante los medios que le esperaban a la salida de la Audiencia Nacional. Aquel día su declaración quedó suspendida. El actual Ministerio del Interior ha admitido que la maniobra se pagó con fondos reservados, pero sus antiguos responsables niegan las ilegalidades.

Desde que Villarejo comenzó a tener problemas, primero a raíz de informaciones periodísticas y luego por los procedimientos judiciales en los que se ha visto implicado, Pino ha hecho una defensa cerrada del exagente encarcelado. Primero, avaló un informe «ad hoc» hecho en la Dirección Adjunta Operativa que concluía que las actividades privadas del jefe de la trama no interferían con su trabajo policial, y luego cuando escribió una carta al juez De Egea, entonces instructor del caso Tándem, para decir que siempre actuó bajo sus órdenes.

Pino, de hecho, se apoyó siempre en Villarejo. Le dio un papel preponderante en la operación Cataluña puesta en marcha por la llamada «policía patriótica», se puso de su lado cuando en el caso del «pequeño Nicolás» el excomisario se enfrentó con el entonces responsables de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas y siempre le ha tenido dentro de su círculo de máxima confianza.