Anticorrupción sube la presión sobre la mano derecha de Aguirre en la recta final de Púnica

Esta pieza separada, la número 9, investiga una supuesta financiación ilegal del PP de Aguirre en las elecciones autonómicas de 2007 y 2011 y las estatales del año 2008, cuando Gutiérrez era «una figura clave en el funcionamiento» de la formación, en palabras de la Fiscalía, porque centralizaba «todos los gastos que acometía el partido, especialmente en la campaña electoral» y tenía «fluidas relaciones con los prestadores de servicios».

Con este punto de partida, Anticorrupción señala que en la convocatoria de 2007, teniendo un límite de gasto electoral de 2.763.764,18 euros, el PP regional, con Beltrán Gutiérrez como Administrador, justificó ante la Cámara de Cuentas 2,6 millones, «a sabiendas de que lo que se estaba presentando no representaba el gasto real acometido» . En el año 2008, mismo esquema: un techo de 3,2 millones de euros y la justificación de algo más de 2,9.

«Tal cuantía era muy inferior a la realmente incurrida , pues desde el Comité de Campaña del Partido Popular de Madrid se autorizaron gastos electorales que no fueron declarados a la Cámara de Cuentas, ni se pagaron a través de la cuenta de campaña, de tal manera que la contabilidad presentada ante el órgano fiscalizador no respondía a la realidad de lo sucedido», señala la Fiscalía refiriéndose a ambas convocatorias electorales.

Algo similar habría ocurrido en las generales de 2008, pues la documentación intervenida al ex gerente revela que «gastos realizados de carácter electoral» desde el PP de Madrid fueron abonados por la fundación Fundescam y «se presentaron facturas para justificar la subvención» que esa entidad recibía del Gobierno regional «que faltaban a la verdad» haciendo pasar por dignos de ayuda pública gastos que no lo eran.

Detalla cómo lo habrían hecho. «Para poder ejecutar tal plan, era necesario contar, desde el punto de vista de los prestadores de los servicios, con empresarios afines que realizando el servicio, posteriormente lo facturasen bajo otros conceptos . Y desde la perspectiva de los ingresos y gastos, se hacía necesario, por una parte, utilizar fuentes de captación de recursos, bien opacas, bien alterando el destino declarado y, por otra, trasladar esos recursos a los prestadores de los servicios, bien en metálico, bien a través de las facturas alteradas», resume el escrito.

Ese es el corazón de la mecánica que desglosa Anticorrupción y que tiene nombres propios. En primer lugar, entre los prestadores de servicios, los empresarios Ricardo Vázquez Segura y Óscar Sánchez Moyano, en 2007, y Luisa de Madariaga ya en la campaña de 2011.

Destaca por encima de ellos Horacio Mercado (Over Márketing), quien además de prestar servicios electorales e 2007, se habría estado llevando el 1% de las adjudicaciones de obra pública en concepto de cláusula para publicidad por «indicación» de otros dos hombres fuertes de Aguirre, Alberto López Viejo y Francisco Granados.

Era Beltrán Gutiérrez, según el escrito, «quien informaba a Horacio Mercado de qué servicios y a qué empresas y por qué cantidades se debía facturar» . Logró ingresos por encima de los 14,5 millones de euros de distintas administraciones públicas.

En cuanto a la captación de recursos, la Fiscalía define dos vías. La Fundación Fundescam, que recibía subvenciones de la Comunidad de Madrid además de donaciones de «partícipes y colaboradores» bajo sospecha , y las entradas en efectivo, cuantificadas ya en algo más de un millón de euros sólo en 2007, a «una caja b que se nutría de la aportación» de empresarios que luego partían «con ventaja» en los concursos públicos.

En las elecciones de 2008, el 'cash' lo manejaba Francisco Granados, secretario regional del partido, y que «registraba los pagos de forma manuscrita en una libreta negra, tras lo cual , descontaba cantidades de las que se apropiaba y el resto lo hacía llegar a Beltrán Gutiérrez, que se encargaba de hacer los pagos en efectivo que no deseaban hacer constar ante la Cámara de Cuentas».

Gutiérrez también llevaba su propia contabilidad y revela que en aquella campaña, en realidad, fueron pagados 6,6 millones de euros de los que 2,3 salieron de la cuenta del PP de Madrid, 114.405 de Fundescam , 1,6 millones fruto de los pagos en efectivo a la caja b y 2,9 millones desde la cuenta electoral. Esta es la única cantidad que fue declarada.

El círculo se cerraba con el pago de los servicios y ahí de nuevo, aparece Beltrán Gutiérrez, quien habría justificado las subvenciones de Fundescam «aún a sabiendas» de que lo hacía con facturas «que no respondían a los servicios prestados» a la fundación sino que encubrían «trabajos electorales» . Esta mecánica se extendió al ejercicio de 2008, según la Fiscalía, pues también se habrían pagado actos de aquella campaña, que era ya para las generales, camuflando los gastos con cargo a la subvención pública.

Para Anticorrupción, existieron contraprestaciones para quienes contribuyeron a engordar la campaña de 2007 entre las que sitúa la adjudicación del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid al grupo de Arturo Fernández. Sin embargo, entiende que «el cúmulo de irregularidades» en este caso «no permiten afirmar con la rotundidad propia del derecho penal» que se cometiese un delito pues no hubo «una flagrante y directa vulneración de las normas de contratación pública». El juez archivó por lo mismo la causa contra el empresario en una decisión que avala así la Fiscalía.

«El único nexo causal entre las aportaciones de Arturo Luís Fernández Álvarez a la fundación Fundescan en el año 2007 y estas adjudicaciones, es que Cristina Cifuentes Cuencas era patrona de la citada fundación en ese año , y miembro de la mesa de contratación y del comité de expertos que propuso la adjudicación de los contratos en los años 2009 a 2012. Sin embargo, no ha podido acreditarse que, como patrona, pudiese haber conocido que se habían realizado tales aportaciones », expone el escrito.

«No se trata -añade- de que no persistan los indicios iniciales, sino que, habiendo transcurrido la investigación de éstos, no se ha podido acreditar otra cosa más allá que lo que se supo desde el inicio de la investigación. Suficiente para que no nos encontremos ante una instrucción prospectiva , pero insuficiente para sostener una acusación. Simplemente los indicios no se han visto confirmados ni por pruebas directas, ni indirectas ni indiciarias», zanjan Anticorrupción.