La primera petición de condena para Villarejo revela un horizonte de más de mil años de cárcel en Tándem

Lo ha hecho en la pieza separada número 2, conocida como «Iron», la primera del macrosumario que ha tocado a su fin y se enfila para juicio: pide 57 años de prisión para el polémico policía y otros 52 para el que fuera jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), Enrique García Castaño, por delitos de cohecho, revelación de secretos, falsedad en documento mercantil, y en el caso de Villarejo, además, tráfico de influencias, según el escrito al que tuvo acceso ABC.

La petición de penas es tan elevada porque el Ministerio Público acusa por cada uno de los hechos delictivos por separado en lugar de aplicar la fórmula del delito continuado. Así, reclama 5 años de prisión por cada uno de los siete delitos de revelación de secretos que se imputan a Villarejo en esta pieza separada, por ejemplo. Si se le condena por todos, serán 35 años.

Considerando que hay más de una veintena de líneas de investigación abiertas y en casi todas ellas el modus operandi es similar -cliente hace un encargo, Villarejo lo acomete gracias a sus influencias policiales mercantilizando la obtención de datos privados-, el horizonte penológico que afronta el comisario pero también sus principales socios supera los mil años de cárcel .

En el caso de Podemos, que ejerce la acusación popular en esta causa, la petición de penas se ve rebajada precisamente por esa consideración del delito continuado. Según el escrito al que tuvo acceso ABC, solicitan para Villarejo 14 años y tres meses de prisión por cohecho, revelación de secretos, acusación y denuncia falsa, y falsedad en documento mercantil. Mientras, para Enrique García Castaño su reclamación es de diez años por los delitos continuados de cohecho y revelación de secretos.

En esta ocasión, se trataba de espiar a un bufete de abogados, Balder IP Law, fundado por los exsocios del despacho Herrero y Asociados. Tal y como relata el escrito de acusación, éstos se pusieron en manos de la empresa Cenyt que gestionaban Villarejo y su socio Rafael Redondo y que contaba además con los también acusados David Macías, Antonio Bonilla y la mujer del comisario, Gemma Alcalá, para buscar una solución ante la posibilidad de que les estuviesen robando clientes.

«En primer lugar -explica Anticorrupción- el acusado José Manuel Villarejo accedió ilícitamente a datos reservados y sensibles de Balder IP Law y de sus fundadores (...) Posteriormente, usaron esa información para nutrir una denuncia que presentaron en sede policial y que el acusado José Manuel Villarejo se encargaría de impulsar mediante su capacidad para condicionar la actuación de otros funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, de manera que ello provocase el mayor perjuicio reputacional».

Y esos datos, según la tesis del Ministerio Público, los sacaba «prevaliéndose de sus funciones operativas de captación de información para el Cuerpo Nacional de Policía desde su Dirección Adjunta Operativa por medio de los miembros de su estructura criminal Grupo CENYT y de funcionarios públicos y de otros colaboradores que; a cambio de una remuneración no concretada individualmente pero que ya venía repercutida en el precio del servicio (...) suministraban la información solicitada tras acceder a ella a sabiendas de su espúrea finalidad, sin autorización judicial ni de las personas afectadas».

En este contexto, Anticorrupción sitúa al entonces jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional, el también comisario Enrique García Castaño. Pide 52 años de cárcel para él por cohecho, revelación de secretos y falsedad en documento mercantil porque, según explica, era parte de un «consorcio criminal» con Villarejo.

«Le suministró personalmente a Villarejo o a sus colaboradores la información reservada que le solicitaban, o haciéndolo a través de intermediarios que abusaban de su condición funcionarial y de la autorización para acceder a bases de datos oficiales· de acceso restringido, como sus subordinados en la Unidad Central de Apoyo Operativo acusados Constancio Riaño, Javier Fernández, el jefe de la Delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de Ciudad Lineal acusado Antonio Chaparro y otros colaboradores en la Tesorería General de la Seguridad Social, administraciones públicas y en entidades financieras no suficientemente identificados», dice el escrito sobre García Castaño.

Sobre Riaño, Fernández y Chaparro «no consta que recibieran ninguna remuneración por ello, ni tampoco que la hubieran solicitado previa ni posteriormente a su obtención y entrega». La Fiscalía Anticorrupción pide no obstante para ellos, 50, 17 y 4 años y medio de prisión , respectivamente, por su colaboración en el proyecto «Iron» y si bien da por probado que lo hicieron encargando a subordinados la recopilación de esa información, se les exculpa porque no consta que supieran de los fines ilícitos.

Es diferente la situación de García Castaño. La Fiscalía le acusa de estar aliado con Villarejo «al menos» desde 2005 y expone que éste le «remuneraba la ilícita información que le facilitaba mediante entregas periódicas de dinero en efectivo y otras dádivas en especie, no individualizadas por cada información concreta facilitada sino a modo de iguala por importe de 3.000 euros mensuales».

Añade «el pago en efectivo del alquiler por importe de 16.000 euros anuales de la vivienda habitual de Enrique García Castaño y su esposa» en Madrid «durante todo el lapso temporal» en el que se desplegó el proyecto «Iron».