Anticorrupción pide 9 años de cárcel para Jordi Pujol y hasta 29 para su primogénito, Pujol Ferrusola

La matriarca Marta Ferrusola no llegará al banquillo aunque habría afrontado pena similar a la de su marido: el juez instructor Santiago Pedraz ha archivado la causa para ella tras constatar que padece una dolencia neurológica que la ha convertido en inimputable.

El escrito de acusación, al que tuvo acceso ABC, resume en un centenar de páginas los indicios recopilados a lo largo de ocho años de instrucción judicial a partir de los fondos de origen desconocido que la familia Pujol guardaba en Andorra desde al menos, 1990, y que han ido engordando y repartiéndose entre los siete hijos a golpe de entramado societario y con variedad de mecanismos para enmascarar su procedencia . Afecta así a todos los hermanos: Jordi, Josep, Oriol, Marta, Mireia, Pere, Oleguer y a otras nueve personas.

El relato de la Fiscalía parte de que Pujol padre, como presidente de la Generalitat y de Convergencia Democrática de Catalunya se aprovechó de esa condición para fraguar una red de clientelismo hasta el punto de constituir un entramado con empresarios afines con los que se habría repartido beneficios de concursos públicos. Es ahí donde el Ministerio Público incardina el origen del patrimonio del clan, que se repartió entre los hijos en una actuación «coordinada» entre toda la familia, para ocultarlo.

En concreto, explica que Jordi Pujol pactó con Marta Ferrusola distribuir ese dinero en cuentas abiertas a nombre de los siete hijos. No obstante, quien debía repartir las cuantías era el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, que centra la acusación, el grueso de los delitos y también la mayor petición de condena junto a la que fue su esposa, Mercé Gironés, por el entramado de empresas organizado para materializar aquella decisión. Ella afronta 17 años de cárcel.

Conforme el relato del Ministerio Público, todas esas cuentas de los hermanos se nutrían con ingresos en efectivo que gestionaba el matrimonio, fuesen titulares o meros autorizados en cuentas de terceros, pero también mediante transferencias de ordenantes que, en algunos casos son desconocidos y en otros, personas que no reconocen tener relación alguna con la familia.

Para Anticorrupción, funcionaba un mecanismo de compensación por el que todos disponían de dinero en España mediante cargos en sus cuentas de Andorra e ingresaban allí lo que en territorio nacional, no podían justificar. Estima que dispusieron de cerca de 39 millones de euros en el país vecino cuyo origen no se ha acreditado. Se hacían llamar entre sus gestores financieros «la Sagrada Familia».

Eran cantidades millonarias y al principio, estaban en Andbank pero luego se mudaron a la Banca Privada de Andorra (BPA). En el año 2014, cuando se inició la causa judicial, parte de ellos se regularizaron ante la Hacienda Pública y otros «desaparecieron mediante transferencias a México», dice la Fiscalía.

De hecho, Anticorrupción sostiene que el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola , sigue teniendo capitales en México y acusa a uno de sus socios por colaborar para sustraerlos a la investigación fabricando sobre la marcha documentación que justificase determinados movimientos. Considera que pudo desviar allí hasta 4 millones de euros cuando ya estaba judicializado el asunto y pesaba orden de bloqueo sobre todos sus bienes y que enmascaró otras cuantías vistiendo inversiones como créditos fallidos para evitar que lo que entrase en España, fuese embargado.

Fue después de dos años de escándalo en prensa sobre la familia Pujol y de un comunicado del expresidente de la Generalitat en el que pedía «perdón» por no haber gestionado con transparencia la herencia de su padre, Florenci Pujol. Se acogía a la llamada amnistía fiscal y justificaba así, el origen del ingente patrimonio del clan.

Pero las comisiones rogatorias a Andorra apuntaron a que no sólo había una herencia, pues figuran «numerosos abonos millonarios» tanto por movimientos dentro del propio Andbank como llegados desde Suiza junto con «ingresos cuya procedencia resultó también ser desconocida» y entre los que destaca una entrada en efectivo de 113,9 millones de pesetas (unos 685.000 euros). En una de las cuentas del primogénito constan, por ejemplo, los 8,3 millones de pesetas (50.000 euros) por las comisiones de Grand Tibidabo tras la venta de un edificio emblemático a la Generalitat en el año 1991 a personas del entorno personal y político del entonces presidente de Cataluña.

En total, del examen de los saldos en cuentas bancarias y depósitos financieros se desprende que desde el año 2008 y hasta 2012, Jordi Pujol Ferrusola y Mercé Gironés, pasaron de 106.796 euros a más de 12,2 millones. Y en el periodo 2004-2012, las cantidades de divisas que constan como salidas superan en casi once millones de euros a las que figuran como entradas. Ambos compartían un importante entramado de empresas que no generaban ningún tráfico mercantil ni valor añadido contrastable, ni siquiera tenían empleados, pese a las cuantías que facturaban por supuestos servicios de «asesoramiento y consultoría». Se estima para él una multa por las cuantías defraudadas a Hacienda de más de 6,5 millones de euros.

La Fiscalía detalla que todas esas empresas generaban ingresos, tenían como único gasto el sueldo de Gironés y las facturas con mayores importes eran siempre de mercantiles adjudicatarias de contratos con las administraciones públicas catalanas. Además, compartían proveedor y donaban dinero a la misma entidad, la Fundación Albert Pascual, relacionados ambos con Jordi Pujol Ferrusola.

De hecho, los cruces con la administración pública catalana son una constante. El primogénito del clan avaló a través de Banca Reig unos créditos que Fibanc dio a tres empresas. Sin embargo, la instrucción descubrió que a quien estaba esa entidad prestando el dinero era a Convergencia Democrática de Cataluña bajo presidencia de Jordi Pujol padre: constan 19 ingresos del partido por más de medio millón de euros que se corresponden con las cuotas del crédito, pero sólo pagaron hasta 2001. A partir de ahí, la deuda la asumieron «empresas que resultaban ser adjudicatarias de contratos públicos».