Anticorrupción ve «muy numerosos y concluyentes» los indicios contra Fernández Díaz en Kitchen

El escrito, al que ha tenido acceso ABC, centra el arsenal de evidencias en el móvil que se intervino a quien fue el número 2 de Fernández Díaz en Interior, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, donde constan conversaciones vía SMS pero también por whatsapp que revelarían que el ministro estaba al tanto de lo que tenían entre manos. Además, figuran audios grabados por el propio Villarejo con otros investigados de la causa en los que se da por sentada su implicación, si bien también hacen alusión al conocimiento que pudo tener Mariano Rajoy.

Los investigadores no hallaron esas comunicaciones por casualidad. La pista la dio uno de los principales investigados en la causa, el comisario exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía Nacional, Enrique García Castaño, cuando en una de sus comparecencias, mostró a los fiscales y el juez sus propias conversaciones con Martínez. Una llamó la atención. El antiguo secretario de Estado, ya citado a declarar como imputado por este asunto, le hacía saber que su paso por el juzgado iba a implicar aportar «l as actas notariales en las que constan los mensajes recibidos a lo largo de 2013 y 2014 con instrucciones muy claras y explícitas sobre los supuestos operativos policiales de los que trata todo esto». El recado debía llegar también a Fernández Díaz a través de un tercero.

Son las mismas actas que ahora han estrechado el cerco sobre el exministro y fueron levantadas, precisamente, porque él declaró a Vozpopuli que no sabía nada de la operación Kitchen, dejando a Martínez como único cargo político en el punto de mira. A partir de entonces, comenzó a acudir al notario.

El primero de los mensajes que recoge, sobre el que informaba ayer este diario, es del 13 de julio de 2013, justo en el inicio de la operación Kitchen, por la que se pagaron con fondos reservados los servicios como confidente del chófer de Luis Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias. Se llama Sergio Ríos. En el SMS, Fernández Díaz da esa información precisamente a Martínez: «Chofer. B: Sergio Javier Ríos Esgueva (ahora hace esa función con su mujer)». Eran las 20.29 horas. Pasadas las diez, envió otro SMS: «Es importante».

«Los mensajes del 13 de julio de 2013 hacen referencia al inicio en esas mismas fechas efectuados al chófer utilizado como informador», explica el escrito de Anticorrupción. El escrito detalla que tras un primer intento frustrado por parte de Enrique García Castaño, fue Villarejo quien captó a Sergio Ríos.

Un poco más largo fue el intercambio que Martínez también aportó al notario y que se produjo el 2 de agosto de 2013 y de la que se recoge la conversación. Un número del que la unidad investigadora ha comprobado que pertenecía a Fernández Díaz expone: «Entiendo que hablamos mañana en cuanto tengas el contacto Cecilio (el mote con el que se suele denominar a los agentes del CNI)». Martínez contesta que estará «viajando pero totalmente en guardia y conectado» a lo que el ministro responde: «Yo lo tendré al acabar el Consejo, así hemos kedado (sic.). Total coordinación y medios. Hay que conseguir esa info...». «Ok. Espero tu llamada después del Consejo. Bs noches», contestó.

Los investigadores entienden que esta conversación «guarda relación directa con la supuesta entrada de Enrique García Castaño en el estudio de restauración de Rosalía Iglesias ». El allanamiento, para el que García Castaño fue pertrechado con un crucifijo a fin de esgrimir ante cualquier mirada curiosa que era una obra que llevaba a reparar, se produjo aquel verano, entre julio y agosto de 2013. Él mismo lo declaró y a lo largo de la causa, se ha venido acreditando.

El escrito de Anticorrupción llama la atención sobre el hecho de que la existencia de este inmueble, que en la operación Kitchen denominaban «zulo», fue ocultada a la unidad investigadora que estaba en aquella época a cargo de la trama Gürtel. Presume que en ese estudio en la calle General Díaz Porlier encontraron la documentación que sustrajeron a Bárcenas, extremo que García Castaño siempre ha negado.

Hay un mensaje más de Fernández Díaz, es del 18 de octubre de 2013 y para la Fiscalía, es el «más concluyente» porque «se evidencia el conocimiento de detalle que el entonces Ministro del Interior tenía respecto al desarrollo y ejecución de la operación».

« La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (2 iPhone y 1 ipad). Mañana tendremos el informe. Según dice el informador (veremos si es así) ese material lo había dado B a los abogados para poder obtener a través de ellos los teléfonos y otros datos de su agenda, en orden a contactar con ellos para poder preparar su defensa jurídica. Es decir, que no sería información para el J a efectos publicación: … es lo que ha dicho, insisto, y es muy probable que esa fuera la intención», decía el whatsapp, y añadía: « Otra cosa es que nosotros con el volcado efectuado podamos acceder a una gran e interesante información … veremos. Te informo».

Este mensaje guarda, según Anticorrupción, «relación directa con las fechas en que tuvo lugar el volcado ilícito de los dos teléfonos móviles reconocido por Enrique García Castaño».

Esta es otra de las aristas de Kitchen que ha visto ya la luz. El ex jefe de la UCAO consiguió tres dispositivos de Bárcenas, que estaba ya en prisión provisional, por cuenta de Sergio Ríos. Volcó su contenido en un ordenador portátil comprado específicamente para que Martínez pudiera consultar sin riesgos la información. El recibo de ese portátil, 1.905 euros, estaba entre los documentos intervenidos a su detención al comisario Villarejo y tenía reflejo en la documentación del Ministerio del Interior, que aportó al juzgado 274 folios de información sobre Kitchen cuando el Consejo de Ministros acordó desclasificar el operativo.

Tras conocer la existencia de las mencionadas actas, el juez autorizó entrada y registro en casa de Martínez el pasado mes de marzo y los investigadores se llevaron además, diversa documentación tanto en soporte papel como digital, incluido un pendrive de 32 gigas en el que se copió el volcado del móvil del otrora secretario de Estado.

Contenía «numerosos archivos de interés» relacionados con la Operación Kitchen «desde la fase final del operativo, que afectan a las últimas informaciones obtenidas del entorno de Bárcenas, el volcado en las bases de datos de inteligencia criminal de la investigación y los pagos mensuales a Sergio Ríos» con cargo a los fondos reservados «hasta que se aprueba la oposición para la escala básica» de la Policía, un logro, por cierto, que también está bajo sospecha.

Anticorrupción suma que el ministro del Interior es el responsable de la gestión de los fondos reservados, asunto que centra la atención en esta parte de la causa. De hecho, la Fiscalía recoge en el escrito mención a la declaración que prestó como testigo el facultativo Miguel Ángel Bayo, que en aquella época se encargaba de los fondos reservados para la DAO y «cuyas manifestaciones pusieron de manifiesto disfunciones e irregularidades en la gestión y el control de estos fondos reservados que habrían permitido su utilización ilícita propiciando tanto la financiación de una operación policial intrínsecamente ilegal como el enriquecimiento personal de altos mandos policiales».

Además constan las referencias que terceros, incluido el propio Villarejo y García Castaño hacían a su conocimiento de la operación. El propio Martínez fue hablando de ello con conocidos, periodistas y allegados a medida que veía venir su imputación y una vez ya formalmente investigado.

Figura, por ejemplo, un mensaje del 19 de septiembre de 2019 al exdirector Adjunto Operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino, enviado después de que García Castaño le implicase en la operación: «Probablemente él crea que implicándome a mi el asunto termina en mi y no 'escala'. Pero te garantizo que si yo tengo que declarar porque me implique GP (en referencia a un mote de García Castaño) también irán JFD (los investigadores le identifican como el exministro) y probablemente MR« (que sería Mariano Rajoy).

De quien sí ha pedido la imputación la Fiscalía Anticorrupción es de la que fue secretaria General del PP, María Dolores de Cospedal. En su caso, el escrito destaca «las constantes alusiones al conocimiento y participación» que habría tenido en Kitchen y «que se han localizado en los archivos del teléfono móvil de Francisco Martínez».

«Una primera vinculación de María Dolores de Cospedal con la Operación Kitchen estribaría en que tendría interés personal en que la operación tuviera éxito desde una doble perspectiva . Directa, como afectada por documentación supuestamente comprometedora para ella misma. Indirecta, como Secretaria General del partido, de existir material comprometedor respecto de otros altos dirigentes del mismo», señala la Fiscalía.

En cuanto a su marido, para quien también pide la citación como imputado, el informe sitúa a Ignacio López del Hierro como «la persona que pone en contacto a Andrés Gómez Gordo, responsable de la seguridad de María Dolores de Cospedal, con José Manuel Villarejo, para que este manipule al chófer Sergio Ríos una vez fracasado el primer intento al respecto por parte de Enrique García Castaño».

Además de que el propio Martínez comentó con allegados como su pareja que Cospedal «sabe de sobra lo que hay», están sobre la mesa los audios grabados por Villarejo en 2009 fruto de una reunión con ella y López del Hierro en la sede del PP en la calle Génova, material que no obra entre los archivos intervenidos al comisario y que le costaron el puesto cuando fueron difundidos.

Esta es la «otra vinculación si bien indirecta de altos dirigentes del PP con la gestación de la Operación Kitchen» que añade Anticorrupción, pues recuerda que aquella cinta «tendría por contenido entre otros el ofrecimiento a Villarejo con la aceptación por parte de este funcionario policial de la ejecución de 'encargos puntuales' que serían sufragados con fondos del PP» y que «podrían ya entonces estar relacionados con la investigación policial y judicial de casos de corrupción que afectasen a miembros del PP, entre ellos, Gurtel».

«Otros informes de la Unidad de Asuntos Internos reflejan que Villarejo podría haber actuado por cuenta directa del PP colaborando con dicho partido político a instancia de altos responsables del mismo con relación a investigaciones policiales e incluso judiciales», dice el escrito de la Fiscalía.

Apunta una posibilidad, el «proyecto SMP». Al comisario se le requisaron documentos que reflejan «actos previos» a una contratación por parte de un cliente que «sería un abogado encargado de la defensa de miembros del PP investigados en Gürtel». El informe le identifica como Ignacio Peláez, ya fallecido.

Se trataba de encargar a Cenyt una asesoría jurídica para «la posibilidad de anulación total de actuaciones» de aquella causa y el presupuesto, 15 millones de euros, «con una provisión de fondos de 5 millones, además de unos honorarios por éxito, según los niveles, de 8, 10 y 12 millones». No se ha acreditado, con todo, «que estos honorarios fueran aceptados por el cliente ni tampoco cuestan abonos en las cuentas de Cenyt analizadas hasta la fecha que puedan ser atribuibles la ejecución de este proyecto».