Los andaluces votarán por cuarta vez sin conocer la sentencia de los ERE

El 10-N los andaluces votarán en las generales -van cuatro citas electorales desde que terminó el enjuiciamiento- sin saber si quienes les gobernaron durante 23 años prevaricaron o/y malversaron hasta 850 millones de euros en fondos públicos mediante un sistema arbitrario y opaco de reparto de ayudas a extrabajadores y empresas en crisis que funcionó durante diez años (2001-2010). Han pasado ya diez y medio desde que el presidente del tribunal, Juan Antonio Calle Peña, emitió su «visto para sentencia» en una sala de la Audiencia Provincial de Sevilla. Fue el pasado 17 de diciembre, justo un año y cuatro días después del inicio de la vista oral, que consumió 152 sesiones en las que se escucharon a unos 120 testigos. El 19 de enero se cumplirán nueve años desde que la juez Mercedes Alaya abrió las diligencias previas.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acaba de conceder al juez ponente quince días adicionales para que se dedique en exclusiva a redactar una resolución que superará en volumen al del «procés»: más de 1.700 folios, más del triple de páginas (493) que la reciente sentencia de los dirigentes independentistas de Cataluña. El desenlace del caso ERE se ha aplazado y no tendrá ninguna interferencia en la campaña electoral. Un fallo condenatorio habría dinamitado la agenda de Pedro Sánchez, al que todas las encuestas dan como vencedor, y dejado aún más tocada a la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, que se convirtió en presidenta de la Junta tras la forzada marcha de Griñán por el desgaste del caso ERE a finales de agosto de 2013. En cambio, una resolución absolutoria habría desbaratado parte del discurso regenerador de quienes aspiran a relevar a los socialistas en La Moncloa, fundamentalmente PP y Ciudadanos que apelan a la épica de los comicios del 2 de diciembre pasado que acabaron, gracias al sostén de Vox, con casi 37 años de monopolio del PSOE.

Los hechos probados y fundamentos de derecho en los que se expone la conducta de los 21 exresponsables acusados está repartidos en más de 50 archivos que tienen que ser incorporados a una sola sentencia. Se trata de una tarea titánica que ha obligado al juez Calle Peña a pedir una nueva prórroga. La sala de gobierno del TSJA ya lo liberó de otras funciones durante seis meses el pasado 26 de febrero para que redactara el fallo. En septiembre renovó esa dedicación exclusiva hasta el 26 de octubre. Agotado el plazo, ha vuelto a concederle 15 días más. Esta resolución, que el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, definió como «la más complicada de la historia judicial de España», será determinante para conocer si el núcleo duro del antiguo régimen socialista andaluz estableció un artificio contable para repartir discrecionalmente dinero público. El expresidente José Antonio Griñán, de 73 años, se enfrenta a una petición de pena de seis años de cárcel por supuestos delitos de prevaricación y malversación, mientras que Manuel Chaves, a sus 74 años, podría ser inhabilitado durante una década para ejercer empleo o cargo público por el primero de los delitos.

Las declaraciones exculpatorias de los acusados durante la vista oral del caso ERE, que alegaron que desconocían por completo las irregularidades, y los argumentos a favor de los peritos de parte no modificaron en lo sustancial el relato de la Anticorrupción al inicio del proceso. El Ministerio Público sostuvo en su informe final que la antigua cúpula de la Junta diseñó y mantuvo durante una década un sistema que había desactivado los controles de los interventores para conceder ayudas a unas empresas en detrimento de otras, sin que se publicaran unos mínimos requisitos en ningún boletín oficial. Para los fiscales Anticorrupción, el «método ERE» representó «un ejercicio arbitrario de poder» que consumió al menos 680 millones que «nunca debieron salir de las arcas públicas».

Las defensas, por el contrario, se agarraron a la imprecisión de los delitos atribuidos a los ex altos cargos para pedir su absolución. Sostienen que no hay pruebas por escrito que demuestren el conocimiento de las irregularidades y niegan que el procedimiento presupuestario y financiero creado para agilizar los pagos de ayudas fuera delictivo, aunque su ejecución dejara mucho que desear hasta propiciar la introducción de intrusos que nunca habían trabajado en ERE de empresas subvencionadas, el reparto de subvenciones anotadas en pósits, episodios sórdidos como compra de cocaína y regalos con dinero público por el chófer del exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero, o el pago de comisiones desorbitadas a conseguidores como Juan Lanzas.