La diputada del PP, Beatriz Escudero, enseña a la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, (a la izquierda) un cheque simulado de decretos sin fondos durante el debate de la Diputación Permanente
La diputada del PP, Beatriz Escudero, enseña a la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, (a la izquierda) un cheque simulado de decretos sin fondos durante el debate de la Diputación Permanente - Jaime García

Aluvión de críticas al Gobierno por utilizar las instituciones con fines partidistas

Todos los grupos políticos cargan contra el PSOE en la Diputación Permanente por abusar de los decretos

MadridActualizado:

A menos de un mes de las próximas elecciones generales, el debate de los seis-decretos leyes aprobados por el Consejo de Ministros en marzo ha brindado a la oposición una oportunidad de oro para echar en cara al Gobierno, frente a frente, el abuso de las instituciones que todos los partidos políticos aprecian en los llamados «viernes sociales». Desde el principal socio del Ejecutivo, Podemos, hasta su mayor rival, el PP, la riña ha sido constante.

La portavoz parlamentaria del PP, Dolors Montserrat, ha acusado a Pedro Sánchez de utilizar los decretos como su «oficina electoral», mientras la diputada Patricia Reyes ha denunciado que el Gobierno «coloniza» y «destroza» las instituciones, al tiempo que «denigra» la democracia. No han salido palabras mejores de la portavoz de la formación morada, Irene Montero. A su llegada ha denunciado que el Ejecutivo «está utilizando las instituciones con fines partidistas» y solo ha decidido tragarse el sapo de votar a favor de los textos al considerar que los decretos incluyen medidas positivas para la población.

Muy severo ha sido el portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, que ni siquiera ha asegurado el apoyo de su grupo a tres de los decretos-leyes que hoy se debatirán (alquiler de vivienda, uso del superávit de autonomías y ayuntamientos y medidas para la estiba). El diputado vasco ha subrayado su malestar porque Pedro Sánchez haya seguido gobernando vía decreto una vez disueltas las Cámaras. Algo que no le parece «de recibo».

«Y todavía menos de recibo sin consultar el contenido», ha hecho hincapié dejando ver cierta indignación. «A esto hay que añadir que el Gobierno español asumió una serie de obligaciones y compromisos -en alusión al traspaso de competencias- y si ha tenido tiempo para aprobar decretos también lo ha tenido para cumplir sus compromisos», apostilló. Según Esteban, todo ello «no ayuda al clima de confianza entre las partes» y ha advertido de que espera una «actitud de compromiso del Gobierno».

Asimismo, la portavoz de En Marea, Yolanda Díaz, ha hablado de «desagrado» ante la actitud del Ejecutivo y de incumplimiento no solo de los compromisos asumidos por el Gobierno con Podemos sino también con los ciudadanos a través de su programa electoral. Tampoco el PDECat, otro socio del Gobierno, ha dedicado buenas palabras al PSOE. Su portavoz en el Congreso, Carles Campuzano, ha lamentado el escenario en que el Gobierno «nos fuerza».

A pesar de este aluvión de críticas, la vicepresidenta del Ejecutivo Carmen Calvo, ha confiado en la «responsabilidad» de los grupos y en que los partidos de la oposición antepondrán los «intereses del país» a la confrontación.

Críticas al contenido

El Gobierno ha tenido que aguantar críticas no solo por el abuso de los decretos-leyes sino también por la calidad de los textos remitidos a la Cámara. Así, la portavoz adjunta del PP, Belén Hoyo, ha calificado el decreto para el Brexit de chapuza, advirtiendo de las numerosas lagunas que contiene en diversas cuestiones que afectan al sector agrícola y turístico.

Una tesis en la que también han coincidido Ciudadanos y Podemos, poniendo el foco en las órdenes europeas de detención y entrega para las que el Gobierno no ha previsto mecanismo sustitutorio, o en la falta de previsión para varios problemas que pueden aparecer en el sector pesquero.

La mayoría de los portavoces parlamentarios ha coincidido, además, en afear a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, la ausencia de debate sobre las medidas a adoptar, dado que el Congreso creó una subcomisión para el seguimiento de la salida del Reino Unido. La vicepresidenta ha defendido el texto argumentando su necesidad y la previsión de «casi todos» los escenarios que se puedan derivar de un Brexit sin acuerdo.