Los «alcaldes del cambio» torpedean más de 14.000 millones de inversión privada

La campaña jaleada contra el ambicioso proyecto cultural que Antonio Banderas quería llevar a cabo en su ciudad natal -iba a jugarse de su bolsillo tres millones de euros- han llevado al actor malagueño a plegar velas y olvidar la iniciativa. Ha sido tras una campaña de ataques que no ha estado dispuesto a aguantar más y en la que han tenido presencia activa los aledaños -y no tan aledaños- ‘podemitas’. El caso es un botón de muestra de esa «política del cambio» que ha hecho sucumbir -por frenados o por directamente dinamitados- proyectos de inversión privada por valor de miles de millones de euros. Y, con ellos, aguadas también las abultadas perspectivas de creación de empleo que llevaban aparejadas.

Madrid es un ejemplo. Queda en la memoria reciente la espantada del magnate chino Wang Jianlin -grupo Wanda-. A los seis meses de que Manuela Carmena tomara posesión como alcaldesa, a Jianlin se le acabó la paciencia. Harto, desistió de plano a grandes proyectos que habrían supuesto, en conjunto, 4.000 millones de inversión. La espantada del chino -que pretendía derribar y volver a reconstruir la fachada protegida- propició la llegada del promotor murciano Trinitario Casanova, que ha prometido comprar el edificio el 1 de junio.

También se frenó la gigantesca «operación Chamartín», otros 6.000 millones de euros. Viene de lejos, pero Carmena impuso un parón añadido por entenderlo demasiado especulador y ha obligado a replantearlo. Ahora se trata de sacarlo adelante con menor edificabilidad y con el acuerdo del Ministerio de Fomento. Además, Carmena fulminó un proyecto privado para aprovechar urbanísticamente el Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi: un fondo americano iba a invertir 75 millones de euros y a pagar al Ayuntamiento 60.000 euros de canon anual.

A la par que se frena o tumba inversión privada, el gobierno de Carmena tampoco puede presumir de su inversión pública. El año pasado dejó sin utilizar 369 millones de su presupuesto, y una parte sustancial correspondía a inversiones. Dos ejemplos: se dejó sin gastar 55 millones de euros de los fondos presupuestados para el programa de «vías públicas», o la mitad de los nueve millones de euros que consignó para «planes de barrio».

En inversión pública aparcada también destaca el Ayuntamiento de La Coruña, gobernado por otra particular «coalición del cambio» participada por Podemos. La patronal provincial de la construcción se ha quejado de la parálisis licitadora: cinco obras públicas tumbadas tras las elecciones locales de 2015 y que hubieran supuesto más de siete millones de euros.

Eso sí, al menos en La Coruña o Madrid hay datos oficiales publicados con los que conocer su inversión ejecutada, algo imposible en el caso del Ayuntamiento de Cádiz que dirige el líder local de Podemos , José María González «Kichi». Entrar en el «portal de transparencia» de este Consistorio es un viaje forzado al pasado: los datos de ejecución presupuestaria solo llegan a diciembre de 2014. El propio Tribunal de Cuentas tampoco puede auditar la contabilidad municipal gaditana: desde que «Kichi» está al frente no ha presentado ante ese órgano estatal de fiscalización ni una sola de las cuentas anuales que le tocaba presentar.

En Barcelona, la alcaldesa Ada Colau también acumula balance de órdago en inversión torpedeada. En cuanto llegó al gobierno municipal frenó en seco decenas de proyectos hoteleros que preveían un flujo inversor total de 3.000 millones de euros y la generación de 10.000 empleos. El damnificado en este caso es un pilar esencial de la economía barcelonesa, su industria turística. Cuando Ada Colau llegó a la Alcaldía había proyectos en marcha para crear 15.000 nuevas plazas hoteleras.

En Zaragoza, el gobierno de ZEC (Podemos-IU) que lidera Pedro Santisteve mantiene frenados proyectos privados por valor de más de 200 millones que, según sus promotores, supondrían la creación de más de 2.000 empleos en la ciudad, entre directos e indirectos. Son cuatro proyectos que requieren de tramitaciones urbanísticas que el equipo de Santisteve frenó en seco tras llegar al poder y que, ahora, en el mejor de los casos avanzan administrativamente al ralentí o que -en el peor- se han enterrado. Este último es el caso del gran hospital privado que quería levantar el grupo Quirón junto al estadio de La Romareda y en el que preveía invertir más de 100 millones de euros.

En Paterna (Valencia), otro caso: el gobierno municipal de Compromís -partido asociado a Podemos en la política de esa región- mantiene paralizado el proyecto «Puerto Mediterráneo », que contemplaba 860 millones de euros de inversión y la generación de 6.000 empleos entre directos e indirectos. Tras contar con 46 informes favorables, acabó frenando en seco por «criterios medioambientales». Ahora los promotores andan e nfrascados en un forzoso replanteamiento del proyecto para intentar sacarlo adelante.