'El Albondiguilla' confiesa su papel en la Gürtel y apunta al Partido Popular

El juicio, que al inicio estaba señalado el día 10 pero se ha pospuesto al 16, de acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas por ABC, versa sobre la actividad desarrollada de forma ininterrumpida desde al menos el año 2001 hasta febrero de 2009 por el cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa y sus colaboradores en Boadilla para «enriquecerse de modo ilícito con la manipulación de la contratación pública y con cargo a los fondos de las Entidades Municipales de la citada localidad».

En el banquillo se sientan 27 personas, incluidos Correa, su número dos Pablo Crespo y el propio González Panero, así como once personas jurídicas y un responsable a título lucrativo, el Partido Popular. Más de media docena de acusados han elevado ya a la Sala escritos de reconocimiento de los hechos en busca de atenuantes de confesión y colaboración con la justicia, si bien sumarían cerca de una docena los que, en total, habrían mostrado ya su conformidad con el relato de la Fiscalía. Esto acortará, según las fuentes consultadas, la duración del juicio: se reducirá el número de sesiones por la renuncia a la práctica de prueba de los que ya han asumido la acusación.

El Partido Popular, por su parte, ha expresado su completa «disconformidad» con el relato de los hechos que hace la Fiscalía Anticorrupción y niega haber sido partícipe a título lucrativo bajo ningún punto de vista. «La realidad de los hechos objeto de enjuiciamiento se aparta radicalmente de la allí descrita, como así quedará constatado en el Acto de Juicio Oral», dice su escrito de defensa.

En el caso de González Panero, afronta una petición de 40 años de cárcel y según expone, no tiene medios económicos para efectuar al pago anticipado de la cuantía que le valdría una rebaja por reparación del daño. Por eso, a lo largo del escrito se esmera en los detalles en torno a su propia participación y la del resto de los acusados, incluido el lucro que habría obtenido el PP donde, asegura, se dieron instrucciones a la trama para la financiación de al menos dos campañas: las autonómicas y municipales de 2003 y las generales del 14 de marzo de 2004.

Se hizo, según detalla, tras favorecer las adjudicaciones de contratos de la Empresa Municipal de la Vivienda, cuando él la presidía, y del consistorio a Constructora Hispánica y EOC de Obras y Servicios. De los primeros, reseña tres por las que percibió 12.000 euros. «Asimismo, de acuerdo con lo convenido, destinamos otros 30.059 euros a la campaña del PP referida a las elecciones municipales y autonómicas celebradas el 25.5.2003 así como para la campaña de las siguientes elecciones generales que se celebraron el 14 de marzo de 2004».

Según expone, conoció a Correa en 2001 por intermediación de José Galeote y «la relación se fue consolidando» y los contactos entre ambos «se fueron reforzando con el paso del tiempo». «Pronto tuve la oportunidad de comprobar que este tenía acceso directo tanto a la sede del PP en Génova, sin tan siquiera necesidad de entrar con acreditación, como también por la facilidad de contacto con el Palacio de la Moncloa», escribe González Panero.

Conforme detalla, «la colaboración delictiva se fue incrementando hasta el año 2005» cuando rompió relaciones con él porque «sus pretensiones eran desmedidas», pero aún así siguió sometido «a los intereses de la organización». En este sentido, refiere uno de los documentos que obran en la causa, una suerte de listado con «reglas de conducta» redactado por Pablo Crespo en el que se recuerda la amenaza de difundir en internet un vídeo que le compromete.

Y en ese contexto, detalla todo tipo de adjudicaciones y contratos menores fraccionados para poder concederlos de manera directa. Entre ellos, los firmados «con los gestores de Teconsa, entre ellos, José Luis Martínez Parra», que también se sienta en el banquillo. Explica que Correa convino con ellos «la entrega de 1.800.000 euros para su reparto entre los miembros de la organización y el PP a cambio de la adjudicación de contratos por los entes municipales de Boadilla entre los años 2002 y 2007».

El escrito reconoce cientos de miles de euros en comisiones por este tipo de acciones para favorecer determinados contratos con empresas relacionadas con la trama, así como gratificaciones y dádivas de todo tipo por cuenta de su participación, desde ropa hasta un plasma pasando por viajes a Miami.

Detalla además el entramado societario que puso en marcha para la ocultación de esos ingresos y sólo discrepa de manera relevante respecto del escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción en un asunto: Se sienta en el banquillo la que fue funcionaria del Ayuntamiento de Boadilla, Alicia Vallejo, a la que González Panero compró un ático utilizando una sociedad. Asegura que ella nada sabía ni de su titularidad real de la mercantil ni de sus actividades con la Gürtel en el consistorio.