España llama a consultas a su embajadora en Nicaragua tras un duro comunicado y lleno de errores del Gobierno de Ortega

Este martes, en un texto dirigido al ministerio de Exteriores español, el Gobierno de Daniel Ortega acusaba de «intromisión, injerencia e intervención» en los asuntos internos, y lo considereban «impropias de Gobiernos Democráticos» y remitió al «terrorismo de Estado de los GAL» para atacar a España.

En este intercambio de comunicados, España señaló el lunes que las elecciones convocadas para el 7 de noviembre en el país centroamericano no tenían ninguna credibilidad y pidió a Ortega la liberación de los candidatos opositores. En concreto, el Gobierno español respondía a la decisión tomada por el Consejo Supremo Electoral de cancelar la personalidad jurídica del partido de la oposición nicaragüense Ciudadanos por la Libertad (CxL). También aprovechó para cuestionar la represión que desde hace tiempo llevan sufriendo los candidatos opositores detenidos en las últimas semanas, así como la aprobación de una reforma electoral no consensuada y «muy alejada de las recomendaciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA )».

Estas palabras no sentaron bien en Managua que recordó a Madrid «la obligación que tiene de respetar, como nosotros les hemos respetado, y de asumir, sin demora los caminos de respuesta a los justos reclamos de los habitantes de esa llamada Península Ibérica», haciendo referencia al proceso independentista catalán. Además, también recordó a España, «sus graves temas pendientes, que vienen desde la década de los 80, cuando su entonces presidente 'socialista', Don Felipe González, creó los llamados Grupos Anti-terroristas de Liberación (GAL) que mancharon para siempre a España con responsabilidad sobre crímenes de lesa humanidad, nunca investigados o juzgados».

Una nota con claras equivocaciones pues ni España incumple los derechos de Cataluña, ni los dirigentes de los GAL, como José Barrionuevo, Rafael Vera o Julen Elgorriaga, quedaron en la impunidad, pues fueron juzgados y procesados, ni sus actuaciones fueron calificadas por los tribunales como crímenes de lesa humanidad.

Desde hace más de tres años, Nicaragua vive una profunda crisis política, económica y social que se ejemplifica en las protestas del 18 de abril de 2018 y donde la represión por parte del Gobierno de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo contra actores políticos y sociales de la oposición así como contra los medios de comunicación, ha convertido al país centroamericano en una dictadura.

Ahora España rechaza de «manera tajante» el contenido de la nota remitida el martes por la Cancillería nicaragüense y ha exigido al Estado de Nicaragua que «cumpla con los compromisos internacionales adquiridos en materia de Derechos Humanos» y sus propios preceptos constitucionales, garantizando los derechos de todos sus ciudadanos y la libre participación política.