Alarma en una comisaría canaria tras el primer caso de un inmigrante con coronavirus

El uso de la comisaría provocó el sábado la denuncia del Sindicato Unificado de Policía, SUP, que reclamó que se hagan pruebas a todos los agentes que tuvieron contacto con la persona a la que se ha detectado la enfermedad y el pasaje al que pertenecían. Ayer se estaba a la espera de los resultados de los test realizados a los primeros ocho funcionarios, pertenecientes a Extranjería y Policía Científica. El Sindicato también exigió que para cumplir el aislamiento forzoso impuesto por Sanidad, «no se vuelvan a producir ingresos de inmigrantes» en calabozos, por los que ya han pasado 112 de desde que la medida entró en vigor. Esa cifra incluye a diez mujeres y cinco niños rescatados de un cayuco el miércoles y que tuvieron que pasar dos noches hasta el viernes en la sala de rechazos de la comisaría Fronteras-Puerto, algo completamente anormal ya que estas personas son siempre derivadas a casas tuteladas.

Las plazas de acogida en el archipiélago están saturadas, puesto que desde el estado de alarma no han parado de llegar pateras y no hay ni repatriaciones ni traslados a la Península. Pero recurrir a comisarías para confinar gente en cuarentena es otra cosa. Lo lamentaba el magistrado Arcadio Díaz Tejera , juez del ahora cerrado CIE de Gran Canaria, que ha subrayado que en esta situación, la Policía está realizando un «esfuerzo» porque esa «no es su función», del mismo modo que recalcó que los inmigrantes no deben permanecer en calabozos más tiempo del que exige «la práctica de diligencias».

El juez añadió que le consta que «servidores públicos» han propuesto soluciones para la atención a los inmigrantes que deben cumplir cuarentena, que es evidente que no han sido oídas. «Unos esperando por otros y otros esperando por unos para actuar», se quejó el magistrado, que tachó de «incomprensible» que esto suceda en un archipiélago que lleva 26 años recibiendo inmigrantes.