Un grupo de subsaharianos aguarda su ingreso en El Matorral (Fuerteventura)

La agilización de las expulsiones permite deportar a 4.000 inmigrantes en enero

MADRID. CRUZ MORCILLO
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España es aún «El Dorado» para miles de inmigrantes. Ni los naufragios ni las muertes ni las repatriaciones disuaden a quienes quieren alcanzar Europa a cualquier precio. En lo que va de año ya han sido expulsados más de 3.900 inmigrantes ilegales por los tres procedimientos que marca la Ley de Extranjería, una media de 150 personas cada 24 horas, según fuentes policiales. La tendencia apunta a que este año se marcará un nuevo récord y la cifra de «sin papeles» que deberán volver a sus países de origen superará a la de 2002 cuando el número de repatriaciones llegó hasta 79.467, con marroquíes y rumanos a la cabeza. «Estamos en unas fechas que no son las de gran afluencia de pateras. La llegada masiva empieza en primavera y la aceleración de expulsiones se produce en verano porque se corresponde con la oleada por la costa».

Triplicar el presupuesto

En los datos citados están incluidas devoluciones, expulsiones y rechazo en frontera. Ante las negras previsiones que adelantan que este volverá a ser un mal año para quienes tienen que lidiar con la inmigración ilegal, el Ministerio del Interior decidió triplicar el presupuesto destinado a repatriaciones que para este año será de 8,6 millones de euros, la partida que acabó gastando en el ejercicio anterior.

«Los marroquíes detenidos cuando desembarcan son devueltos en 72 horas y otros extranjeros que arriban a nuestro país por vías distintas, por ejemplo, ocultos en algún medio de transporte, también viven el retorno inmediato», admiten fuentes policiales. Si a estos procedimientos de urgencia, unimos las expulsiones que se tramitan a los «sin papeles» de los centros de internamiento y la labor de las Brigadas de Extranjería, las cifras acaban de cuadrar. Además, hasta no hace mucho las deportaciones de determinados extranjeros como rumanos o colombianos se llevaban a cabo de forma individual, mientras que en los últimos meses se han fletado decenas de aviones con oriundos de estos países. Los acuerdos de colaboración con naciones como Nigeria, Ghana o Senegal, antes inexistentes, completan el panorama de las expulsiones.

Al tiempo que aumentan las repatriaciones, se rebaja la «temperatura» de los centros de internamiento de extranjeros, los denominados CIE, cuyo funcionamiento y finalidad no dejan de estar en tela de juicio. Según datos de Interior, de las 1.808 plazas disponibles en los nueve que existen en nuestro país, a día de hoy permanecen ocupadas 1.315, una cantidad harto difícil de conseguir teniendo en cuenta el volumen de «sin papeles» que circulan por España.

«Casi todas las plazas libres están en los centros peninsulares -Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Murcia-, mientras que los insulares -Las Palmas, los dos de Fuerteventura y el de Arrecife- mantienen una alta ocupación», según Interior. Traducido a situaciones reales, una vez más, se explica la correlación entre grado de ocupación de estas instalaciones no penitenciarios y tendencias de desplazamiento de la inmigración clandestina: la presión en el Estrecho de Gibraltar desplaza el fenómeno del paterismo hacia la «costa caliente» en la que se ha metamorfoseado Canarias. El prototipo de esta situación tiene nombre y uno o mejor miles de dramas sociales detrás: Fuerteventura. Es el único lugar de España que cuenta con dos CIE para un censo de 66.000 habitantes. El primero es el habilitado en 1999 en la antigua terminal del aeropuerto, un hábitat de 2.000 metros cuadrados en el que se han llegado a hacinar hasta 900 inmigrantes, cuando su capacidad estimada es de 600 plazas en una valoración generosa. A principios de este mes había en el mismo 800 internos, según admiten responsables policiales. Ayer quedaban sólo una veintena y el fin es llegar a cero «para limpiarlo y arreglarlo».

Interior reconoce que no puede cerrarlo: «No debemos arriesgarnos a una avalancha de fin de semana de pateras y que no haya ningún sitio para acogerlos». No obstante, se están haciendo esfuerzos para que haya la mínima gente posible. «Es preferible mantener El Matorral, donde han concluido las obras de ampliación, por encima de su capacidad porque cuenta con mejores dotaciones». Este centro de 600 plazas acoge ahora a 700 personas. De nuevo los datos no dejan resquicio de duda. En 26 días casi 1.000 «sin papeles» han sido expulsados de Fuerteventura.

Primera iniciativa europea

Para hacer frente a cifras tan espeluznantes, el ministro del Interior, Ángel Acebes, presenta hoy el primer plan europeo conjunto de lucha contra la inmigración ilegal, el «Ulises». Se trata de un operativo de vigilancia marítima para controlar el Mediterráneo occidental con dos patrulleras de la Guardia Civil y barcos del Reino Unido, Francia, Portugal e Italia.