El ex agente Flórez pidió 200.000 dólares a Rusia por delatar a sus compañeros

Doscientos mil dólares. Ese era el precio del ex agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Roberto Flórez, que será juzgado en enero acusado de un delito de traición por vender secretos a Rusia. La excusa que ofreció para justificar la siniestra maniobra era que se consideraba «una persona de izquierdas» y su «posición personal contra la política exterior de Estados Unidos», informa Efe.

Así lo escribió Flórez en una carta fechada en diciembre de 2001 y dirigida a Petr Melnikov, número tres de la Embajada rusa en Madrid hasta octubre de 2003 y la persona a la que supuestamente vendió la información. «Soy un directivo del Cesid que tiene interés de comunicarle su disposición a colaborar con el Servicio y el país al que usted representa», comenzaba el ex espía la misiva, en la que también citaba como motivos de su ofrecimiento su «simpatía y admiración» por el pueblo ruso y la «profesionalidad»con la que el servicio de inteligencia de ese país trabaja «para la seguridad mundial».

«Quién es quién»

En la carta, cuyo texto figura en los escritos de acusación de la Fiscalía y de los servicios jurídicos del Estado, Flórez avanza algunos de los posibles «contenidos» de su colaboración, entre ellos, el de «identificarles y mantener actualizado «quién es quién» en el Centro». La condición previa para «materializar» la relación, añadía el ex espía, «pasa por recibir, a cambio de esta primera entrega de documentación, la cantidad de doscientos mil dólares norteamericanos en efectivo».

En la causa obra una segunda carta, sin fechar aunque supuestamente escrita en 2002 y que fue recuperada del disco duro del ordenador de Flórez. En ella, el acusado comunicaba a Melnikov que se habían producido «diversos acontecimientos relevantes» que le aconsejaban «actualizar» la información remitida anteriormente, y le anunciaba «la probabilidad de ocupar, próximamente, algún puesto de responsabilidad en el CNI, en ámbitos que pudieran ser del interés de su Servicio, u otro puesto de trabajo en el exterior. Si aceptan la propuesta del encuentro personal (...), deberán entregarme la contraprestación económica que les he solicitado como señal de buena voluntad», concluía Flórez.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado consideran los hechos constitutivos de un delito de traición, por el que piden 12 años de cárcel, si bien esta última acusación plantea subsidiariamente al tribunal la posibilidad de que se trate de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, por el que solicita una pena de 4 años de prisión.

Por su parte, la defensa de Flórez pide su absolución y ha solicitado al tribunal de la Audiencia de Madrid que le juzgará que acuerde su libertad provisional, alegando que lleva en prisión desde que fue detenido en julio de 2007 y que no existe riesgo de fuga dado su arraigo familiar -residía con su pareja en Tenerife- y profesional -trabajaba para una ONG.

En el auto de procesamiento dictado en mayo por el titular del Juzgado de Instrucción número 48, se dice que la investigación llevada a cabo por el CNI concluía que Flórez «había sustraído ilegalmente información clasificada del Centro Nacional de Inteligencia prevaliéndose de su condición de miembro de dicho centro».