El TC afirma que las Cortes no pueden ejercer un «control político» sobre el Consejo del Poder Judicial

Así lo asegura el Pleno del TC en una sentencia en la que rechaza por unanimidad el recurso del PSOE contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que, entre otras cuestiones, limitó a cinco (luego se amplió a siete) el número de vocales con dedicación exclusiva. La sentencia afirma, entre otras cuestiones, que limitar el deber de comparecencia del presidente y los vocales del CGPJ ante las Cámaras a la explicación de la Memoria, como hace la nueva LOPJ, no vulnera la Constitución.

Los magistrados rechazan que la limitación del contenido de las comparecencias parlamentarias vulnere el artículo 72.1 CE, que atribuye a las Cámaras la potestad de elaborar sus reglamentos. La «autonomía reglamentaria tiene una dimensión interna», por lo que no corresponde a estas normas regular el «sistema de relaciones» entre las Cámaras y los demás «órganos constitucionales», como es el CGPJ.

Tampoco hay vulneración del artículo 76.2 CE (obligación de comparecer ante las comisiones de investigación cuando la Cámara lo requiera), pues debe entenderse que la finalidad del artículo impugnado es «regular un concreto aspecto de relaciones institucionales ordinarias», limitado a la Memoria del CGPJ, sin que contenga ninguna mención respecto del deber de responder ante las comisiones de investigación de las Cámaras, que obliga a todos los ciudadanos , sean o no autoridades públicas, y, por tanto, también a los miembros del CGPJ.

Los demandantes alegaban también que la reforma debió prever «un sistema de responsabilidad política» del CGPJ porque éste no está exento de rendir cuentas ante las Cortes Generales y la ciudadanía. Sobre esta cuestión, la sentencia señala que la Constitución «descarta, sin sombra de duda, semejantes pretensiones de responsabilidad y control políticos sobre un órgano constitucional al que ha confiado, en garantía de la independencia de jueces y magistrados, unas funciones que no pueden quedar, sin amenaza o daño para esa independencia, sujetas a fiscalización por el poder político, incluido, claro está, el que se expresa en las Cámaras representativas».

La demanda cuestiona que el CGPJ pueda constituirse, tras su renovación, aún en el caso de que una de las Cámaras a las que corresponde la elección de los vocales no haya cumplido con ese deber dentro del plazo establecido; y que el eventual retraso en la designación de los vocales por una de las Cámaras se traduzca en la reducción de la duración de su mandato, que la Constitución ha fijado en cinco años para todos los miembros del CGPJ.

El TC explica en este punto que el objetivo de esta regulación es evitar que el retraso de una de las Cámaras «imposibilite la renovación íntegra del órgano» , «prevención» para una situación «excepcional» que el legislador puede plasmar en la norma sin vulnerar por ello la Constitución. Por otro lado, la sentencia explica que la norma según la cual el nombramiento fuera de plazo de una parte de los vocales provoca el acortamiento de su mandato es la única que «garantiza que el CGPJ se renueve, para lo sucesivo, en su integridad» . Lo contrario supondría que una parte de los vocales disfrutarían de un mandato superior al del órgano.

El Pleno rechaza también la inconstitucionalidad del artículo que establece diferencias entre los vocales que forman la Comisión Permanente y el resto , al determinar que los primeros ejercerán el cargo en régimen de exclusividad, mientras que lo segundos lo harán compatible con el ejercicio de sus respectivas profesiones. La sentencia señala que esta previsión no vulnera el art. 127.1 de la Carta Magna, que prohíbe a los jueces y magistrados que estén en activo desempeñar otros cargos públicos. Esta prohibición, explica el TC, «no alcanza a los cargos y funciones que se integran y se ejercen en el ámbito judicial y, especialmente, en el de su gobierno».

La demanda cuestiona que el vicepresidente del Supremo, que no es miembro del CGPJ, pueda ejercer en funciones el cargo de presidente (tanto del Supremo como del órgano de gobierno de los jueces) en casos excepcionales. El Tribunal explica que, en Derecho público, la sustitución no sólo implica el ejercicio de unas determinadas competencias por otra persona, «sino que el titular de cierto órgano pase a serlo también, por llamamiento legal, de otro órgano distinto». Por tanto, quien viene por ley llamado a sustituir (en este caso el vicepresidente del Supremo), es, mientras dure la sustitución, «titular en funciones (…) del órgano cuyas competencias ejerce temporal o circunstancialmente» (en este caso, la presidencia del Supremo y del CGPJ).