Admitida a trámite la querella contra el instructor del caso Cursach por presunta prevaricación

El origen de la querella presentada ahora contra el juez Florit cabe situarlo en el auto dictado el martes de la pasada semana por el propio magistrado, quien decretó que la Policía Nacional se desplazase hasta las sedes de Europa Press en Palma y de «Diario de Mallorca» para requisar diverso material y documentación sobre el caso Cursach a dos periodistas que cubren informativamente dicho proceso. Los agentes incautaron entonces los teléfonos móviles de los redactores Blanca Pou y José Francisco Mestre . La actuación judicial estuvo motivada por la posible filtración de un informe —sobre el que informaron la agencia y el diario— relativo a una pieza separada del caso Cursach. Cabe recordar que en dicha macrocausa se investiga desde hace cinco años la existencia de una presunta trama de corrupción policial, política y empresarial cuyo impulsor sería el principal empresario del sector del ocio nocturno de Baleares, Tolo Cursach .

El juez Florit había decretado sendas órdenes de registro en las sedes de Europa Press y de «Diario de Mallorca» tras la denuncia presentada recientemente ante el magistrado por el Ministerio Fiscal, el abogado de Cursach y el abogado de uno de los antiguos colaboradores del magnate, Tomeu Sbert , por un presunto «descubrimiento de secretos» ocurrido el pasado mes de julio en relación a esta causa. En concreto, Europa Press y «Diario de Mallorca» habían reproducido entonces el contenido de un informe policial en el que se indicaba que existiría un presunto fraude fiscal en las sociedades controladas por el empresario mallorquín.

A raíz de la citada filtración periodística y de otras vinculadas al caso Cursach, agentes de Asuntos Internos iniciaron una investigación para intentar averiguar quién o quiénes habrían estado detrás de dichas filtraciones. Las primeras sospechas recayeron sobre el Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional de Palma, recientemente desmantelado, cuyos miembros llevaron el peso de la investigación del caso Cursach durante años. En ese contexto, el exjefe del Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional, ahora en otro destino, ha sido detenido este mediodía por sus propios compañeros en la sede de la Jefatura de Palma. El inspector ha quedado en libertad tras acogerse a su derecho a no declarar. Además, ha sido arrestado asimismo un policía que trabajó en el Grupo de Blanqueo, que también ha quedado en libertad con cargos. Ambos agentes han sido detenidos inicialmente por el presunto delito de «descubrimiento y revelación de secretos».

Los orígenes de la macrocausa conocida hoy genéricamente con la denominación de «caso Cursach» se remontan a 2013. En aquellas fechas, el entonces instructor de la causa, Manuel Penalva , y el fiscal Miguel Ángel Subirán empezaron a investigar la presunta existencia de una trama de corrupción en el seno de la Policía Local de Palma y de Calviá, que habría estado más o menos activa a lo largo de las dos últimas décadas. Para Penalva y Subirán, formarían también parte de dicha supuesta trama Cursach, antiguos dirigentes locales del PP y funcionarios de distintas administraciones.

El primer instructor del caso y el fiscal consideraban que Cursach habría contado durante años con la «protección» de policías, cargos políticos y funcionarios, que habrían favorecido sus negocios a cambio de dádivas y regalos, mientras que habrían perjudicado a los de la competencia con continuas inspecciones y sanciones. Esa acusación ha sido siempre negada de manera rotunda por el propio empresario.

A lo largo del último lustro, el caso Cursach se ha ido ampliando poco a poco, por lo que hoy cuenta con diversas piezas separadas. En ese contexto, ayer hubo novedades significativas con respecto a la pieza principal. Así, la Fiscalía Anticorrupción presentó su escrito de acusación en relación a dicha pieza, en el que pide ocho años y medio de prisión para Cursach por los presuntos delitos de integración en grupo criminal, cohecho, coacciones y prevaricación. El Ministerio Público quiere que se sienten en el banquillo otras 23 personas además del empresario , entre las que se encuentran empleados de Cursach, funcionarios y una quincena de policías locales de Palma. En el escrito de acusación se señala, por ejemplo, que algunos agentes habrían sido invitados a fiestas con prostitutas en la discoteca Tito's, cuyo propietario era Cursach.

Este será el segundo juicio al que se enfrente Cursach. Cabe recordar que el Juzgado de lo Penal número 7 de Palma condenó el pasado mes de junio al empresario mallorquín a ocho meses de cárcel por un delito de tenencia ilícita de armas. La sentencia, que había sido recurrida, fue confirmada el pasado mes de octubre por la Audiencia Provincial de Palma.

La mencionada sentencia condenatoria no implicó el ingreso de Cursach en la cárcel, ya que para el cumplimiento de la pena que se le impuso se declaró «de abono todo el tiempo que haya podido estar privado de libertad por los hechos objeto de la presente causa, siempre que no le hubiera sido computado o le fuera computable para el cumplimiento de otras responsabilidades». En ese contexto, cabe recordar que el juez Penalva había decretado prisión provisional para Cursach en marzo del pasado año, situación que se acabó prolongando durante 13 meses, hasta abril de este año.

El magnate isleño quedó finalmente en libertad con cargos el pasado 18 de abril, después de haber abonado la fianza de un millón de euros exigida por la Audiencia Provincial para poder salir del centro penitenciario de Palma. En cualquier caso, la Sala impuso a Cursach diversas medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte y la obligación de tener que presentarse ante el Juzgado todos los lunes de cada mes.