El TC revisará las leyes vascas y navarra de abusos policiales

En los dos supuestos, la admisión a trámite no anticipa la posición de fondo del Constitucional, que en unas semanas expresará su veredicto.

En el primer caso, los magistrados han admitido un recurso de inconstitucional promovido por más de 50 senadores del Partido Popular (PP) contra la ley vasca de reconocimiento y reparación de vulneraciones de derechos humanos «en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999». La ley 5/2019 -conocida como la ley vasca de abusos policiales y criticada por colectivos de policías y guardia civiles, que alegan que trata de humillarles- salió adelante con el apoyo del PNV y del PSE. Solo el PP votó en contra en la cámara vasca.

Según el recurso de los senadores populares, la normativa supone una «ofensa para las víctimas del terrorismo» y un insulto al trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Los populares de la Cámara Alta señalaron que cientos de víctimas de la banda terrorista ETA son agentes policiales, y denunciaron que la ley busca «equiparar a víctimas y verdugos». «Las Fuerzas de Seguridad del Estado se dejan la vida para protegernos; tienen la admiración y gratitud de toda la sociedad, y merecen el reconocimiento y el respeto de todas las fuerzas políticas», manifestó en la presentación del recurso Ignacio Cosidó, el entonces portavoz popular en el Senado. Los recurrentes consideran que la ley vasca invade las competencias reservadas en la Constitución al Poder Judicial, y argumentan que el único cauce para apreciar una vulneración de los derechos humanos es una resolución judicial que no vulnere las garantías previstas en la Constitución.

Ahora, el Congreso, el Senado y el Gobierno, así como el Ejecutivo y el Parlamento vasco, tienen un plazo de quince días para formar parte del proceso y presentar sus alegaciones.

En la otra providencia, el pleno del Constitucional admite a trámite los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por más de 50 diputados del grupo parlamentario popular, de Vox y de Ciudadanos en el Congreso, contra la ley foral de reconocimiento y reparación de víctimas de grupos de extrema derecha. Esta normativa sustituyó a otra legislación previa que ya fue anulada por el Constitucional.

En este caso, los recurrentes alegan que la ley aprobada la pasada primavera permite que un comité declare víctimas de abuso policial a quien lo solicite. Eso supone otorgar a ese órgano la capacidad de calificar implícitamente como culpable a una institución o a un funcionario, sin sentencia judicial. Según los partidos, que denuncian que la comisión creada asume la función jurisdiccional, el objetivo es blanquear al entorno de ETA.