La acusación pide cárcel para Garzón por extorsión en los cobros de Nueva York

Así lo han anunciado en una nota los letrados Antonio Panea y José Luis Mazón en respuesta al último comunicado, en el que Garzón rechaza las acusaciones del instructor en el Tribunal Supremo (TS), Manuel Marchena, que le imputa un delito de cohecho impropio, y acusa al magistrado de construir «interpretación sesgada, parcial y no verdadera» y hacer afirmaciones «tan graves como inciertas».

Según los querellantes, Garzón «se coloca en una postura insostenible al negar la evidencia de sus solicitudes de patrocinios a grandes empresas, 'exclientes' o 'potenciales clientes' de la Audiencia Nacional, que constan acreditadas en el proceso».

Los dos abogados, que ejercen la acusación popular en la causa abierta al juez por el patrocinio por parte de cinco entidades de sus cursos en Nueva York durante 2005 y 2006, insisten en que Garzón solicitó 2.595.375 dólares y obtuvo por sus gestiones 1.237.000.

«Garzón está negando la evidencia olvidando las variadas pruebas que le incriminan, entre ellas la famosa carta de 'Querido Emilio' de enero de 2006, en la que pide al presidente del Banco Santander, Emilio Botín, que le autorice un presupuesto económico para los cursos que él dirige, y de cuyos fondos se pagó el salario de su asistente personal, así como otros gastos», indican.

A juicio de los querellantes, Garzón usó su cargo para pedir fondos a grandes empresas, como Telefónica, BBVA, Cepsa y Endesa, que tuvieron o pueden tener casos en su juzgado, con lo que incurrió «en una conducta penalmente prohibida y no sólo a título de cohecho».

En el comunicado, califican dicha conducta de «incompatible con la deontología y obligaciones de un juez y hasta de un ciudadano, por picaresca ocultación de su segundo sueldo».

Asimismo, anuncian que en el recurso que presentarán contra el auto de Marchena para pedir que Garzón sea acusado también de prevaricación solicitarán además que se califiquen los hechos como un delito continuado de extorsión, que lleva aparejado penas de cárcel.

«Si quedan claros los hechos de forma definitiva, como él dice pedir en su comunicado, corre el riesgo de verse en prisión porque las conductas que describe Marchena, que Garzón se valió del cargo para obtener fondos de grandes empresas anteriores o potenciales clientes de su juzgado y de los juzgados de la Audiencia Nacional, podrían encajar en un delito continuado de extorsión», advierten