El acuerdo con Marruecos agrieta al Gobierno y le enfrenta a las ONG

De puertas para dentro, la crítica llegó de fuentes del departamento que dirige Ione Belarra, líder de Podemos. Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales explicaron a ABC que llevan ya «meses» poniéndose a disposición de Interior para «trabajar un protocolo de reagrupación familiar» que sea garantista y «cumpla con la normativa nacional e internacional». Sin embargo, reprocharon, no ha habido «ninguna respuesta al respecto». Cabe recordar que la competencia en infancia es de Derechos Sociales (si bien, casi toda, transferida) y la de Extranjería, de Interior.

Ante la activación de las repatriaciones, desde el departamento de Belarra recordaron al Gobierno al que pertenecen que cualquier proceso de reagrupación familiar ha de contar con «un protocolo que incluya entrevistas individualizadas a los niños así como el conocimiento pormenorizado por parte de la Fiscalía del procedimiento». Y de esto, no habría habido en este caso.

La medida se ha adoptado «sin contar en absoluto con la Fiscalía», según avanzó ayer ABC tras consultar fuentes de la Fiscalía de Menores. Según explicaron, tanto en Fiscalía General del Estado como en la Fiscalía de Ceuta se han incoado diligencias para recabar información ya que, hasta este viernes, lo único que conocía el Ministerio Público era una comunicación «genérica» enviada por Interior dos días antes en la que decía que procuraría la repatriación de esos menores velando por sus derechos. No daba detalles sobre cuántos son, cuáles son sus perfiles o qué comprobaciones se han hecho.

Por ello, la Fiscalía ha solicitado a la Delegación del Gobierno que proporcione los expedientes para estudiar la situación. Con todo, al cierre de esta edición varias ONG ultimaban la presentación de un recurso ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta, en funciones de guardia, para reclamar la suspensión cautelar de las entregas. Ahí podrá posicionarse la Fiscalía.

Para acordar la medida, Interior se ampara en el quinto artículo del convenio de repatriación de menores que España suscribió con Marruecos en marzo de 2007, de acuerdo al documento que oficializa las repatriaciones, firmado el 10 de agosto y al que tuvo acceso ABC. Ese convenio establece que las repatriaciones se harán con «observancia estricta de la legislación española, las normas y principios del derecho internacional y de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño». Son los tres pilares que según el presidente de Save The Children, Andrés Conde, se han quebrado en este caso. «El retorno o reagrupación familiar es una de las posibles soluciones duraderas para estos menores pero eso hay que hacerlo cuando se tienen garantías de que se les repatría o reagrupa en una situación segura. Esto implica una evaluación individualizada menor a menor y no se ha hecho. Se les devuelve de forma grupal» , explica.

La extranjerista y letrada de la Merced Migraciones Patricia Vicens, resume el requisito legal: «El Reglamento de Extranjería establece un preciso mecanismo para la repatriación de menores que tiene que ser a petición de la entidad pública que ejerce la tutela, acordado por la Delegación del Gobierno en una resolución individualizada y notificada con audiencia al menor». Este puede oponerse y se le debe asignar un defensor judicial. En todo el proceso, la Fiscalía vela por sus derechos.

En este caso, según la resolución de Interior, la petición la había elevado la vicepresidenta de Ceuta vía Delegación del Gobierno y se ejecuta con «el fin último de garantizar en cada caso las condiciones de reunificación familiar efectiva del menor o su entrega a cargo de una institución de tutela». La resolución, dictada por la Secretaría de Estado de Seguridad a petición de Grande-Marlaska, recoge que Marruecos «se compromete a velar por los intereses de los menores» , que irán a un centro de protección cercano a Tetuán «hasta que sean entregados a sus padres lo antes posible». Si no los hay, una entidad pública marroquí de protección de la Infancia se hará cargo de ellos.

Sin embargo, las ONG aseguran que no se ha dado el proceso individualizado que marca la ley y los afectados no han sido oídos ni notificados. El Defensor del Pueblo, «tras haber tenido conocimiento de que se están realizando devoluciones de menores sin procedimiento en Ceuta» envió a Interior un recordatorio de deberes legales incidiendo en su obligación de acatar en esto la Ley.

Para Conde, lo que ha ocurrido «es un incumplimiento de legislación básica». «Una vez están en nuestro país, nuestro deber legal y moral es garantizar su seguridad», añade, en un mensaje que comparten Unicef y la Plataforma de ONG de Infancia, entre otras.

Save the Children ha estado trabajando con estos niños desde su llegada y por acuerdo con Ceuta, ha entrevistado «en profundidad» a 340 de los 800 que se calcula, están allí. «Uno de cada cuatro viene huyendo de situaciones de violencia, explotación laboral, sexual, maltrato...», advierte. Sin el proceso individual, apunta, no se pueden identificar y proteger estos perfiles vulnerables.