Los abogados de Madrid confirman su querella contra Garzón

Denuncian que «se quebró la confidencialidad abogado-cliente»

CARLOTA FOMINAYA | MADRID
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No hay calendario previsto, pero el decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Antonio Hernández-Gil, reiteró ayer la intención de la institución que preside de presentar una querella contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, y las fiscales adscritas al «caso Gürtel», Miriam Segura y Concha Sabadell, a cuenta de las escuchas que, a su juicio, se hicieron de manera ilegal a varios de los abogados de imputados en la trama. Preguntado Garzón, mientras tanto, por las polémicas que le rodean, este contestaba que «yo no me canso de trabajar, que es lo que estoy haciendo; lo demás, cada cosa en su momento».

Hernández-Gil por su parte insistía en la rueda de prensa en la gravedad del hecho, «porque es la primera vez que se quiebra la confidencialidad entre abogado y cliente», y en la «necesidad de ejercer acciones penales para depurar responsabilidades en la vulneración del derecho fundamental de defensa por parte de quienes debían preservar las garantías de los imputados».

Lo que el decano del ICAM no aclaró es la fecha de la presentación de la denuncia. «Lo haremos, con la información que tengamos, cuando creamos que es el momento adecuado para que nuestra acción sea más eficaz». «Nadie le va a marcar el paso al Colegio de Abogados de Madrid, ni para precipitar su acción ni para hacerle renunciar a decisiones que ya ha adoptado», remarcó.

Justicia gratuita

El máximo representante de los abogados madrileños se refirió también a las declaraciones del consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, en las que se anunciaban ciertas restricciones para la Justicia gratuita y la limitación del acceso a este servicio a las personas que demuestren su escasez de recursos. Para Hernández-Gil, las palabras de Granados son «poco precisas» y difíciles de valorar, pero «ponen de manifiesto la anteposición de criterios económicos a la tutela del derecho de defensa y el acceso de los ciudadanos más necesitados».

Por último, el decano criticó la intención de la Comunidad de restringir el acceso a la Justicia gratuita de los extranjeros y negó que dicho acceso obligue a asumir todas las cuestiones que judicializa «cualquier inmigrante que aterriza en Barajas». «Ni desde el punto de vista económico está justificado dirigir esa mirada restrictiva a los ciudadanos extranjeros», dijo.