El abogado de Junqueras, ante el tribunal del «procés»: «Son políticos haciendo política»

Ese mensaje –lanzado desde el primer minuto de la primera sesión celebrada en la Sala de lo Penal del Supremo por este caso- condensa la tesis que mantienen todas las defensas de los 18 acusados, antiguos miembros del Gobierno de la Generalitat, de la Mesa del Parlamento catalán y de las asociaciones que agitaron el «procés» en las calles. El letrado de Junqueras, que no porta el lazo amarillo por los presos, ha manifestado que se centrará en cuestionar la competencia del Alto Tribunal, pero que no dejará de aludir a cuestiones «de cierto calado». « Se va a hablar de injusticia, de violación de derechos fundamentales, de proceso político y de causa general ».

Al adentrarse en la impugnación de la competencia, el letrado ha argumentado que el órgano judicial que debería investigar y enjuiciar el «procés» es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) pues allí ocurrieron los hechos. Ha señalado que la introducción de un «factor internacional» en el plan secesionista ilegal por parte del relato de la Fiscalía se realiza de forma artificial para justificar la competencia del Supremo. «Es desmoralizador», ha manifestado Van den Ende, que ha denunciado que se incluye un «argumento sentimental: esto afecta a todo el mundo». Según su tesis, la prueba de que el supuesto delito debe acotarse al perímetro de la comunidad autónoma catalana es que no se ha practicado ninguna diligencia de investigación durante la instrucción en el extranjero, ha denunciado.

En su turno de palabra, Jordi Pina , abogado de Rull, Turull y Sànchez, se ha referido a la falta de elementos delictivos que justifiquen la competencia del Tribunal Supremo en el enjuiciamiento de los acusados. «Ninguno de los elementos descritos en los escritos de acusación determinan la competencia, sino solo la efectiva realización de uno o varios elementos del tipo penal». En este sentido, ni la compra de urnas, ni la contratación de observadores internaciones ni la elaboración de censos de votantes, actuaciones todas ellas llevadas a cabo en el extranjero, integrarían delitos de rebelión ni sedición, sino que en todo caso serían «actos preparatorios», y no de un delito de rebelión.

De igual forma, sobre el delito de malversación, Pina ha señalado que no hay en los escritos de calificación provisional ni una sola referencia a la actuación individual de cada uno de los acusados, sino una alusión genérica a un acuerdo del «govern» para que las distintas consejerías destinaran fondos al 1-O. Y ese acuerdo, ha dicho, se adoptó en territorio catalán, no en el extranjero.

Para ahondar en la falta de competencia del Supremo, el abogado ha comparado la causa del 1-O con la del 9-N de 2014, en la que el expresidente Artur Mas , la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsejera Irene Rigau fueron juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y no en el Alto Tribunal, que se limitó a investigar y juzgar al aforado Francesc Homs (por su condición de diputado nacional). «En la consulta del 9-N hubo gente votando en el exterior y, sin embargo nadie se planteó la competencia del Supremo». Es más, ha dicho Pina, el actual presidente de este tribunal, Manuel Marchena , apeló entonces a que se respetara el derecho al juez predeterminado por ley.

Al margen de estas consideraciones, el letrado ha señalado que, además de este derecho, se están vulnerado otros, como el derecho de los acusados a la doble instancia penal (si son juzgados en el Supremo no habrá ya una instancia superior a la que recurrir) o el propio derecho de los abogados a expresarse en catalán.