El abogado de Garzón niega que el Supremo persiga al juez, como sostiene el Gobierno

El ex fiscal Molina dejó claro que ni él ni su defendido comparten la tesis de la «caza de brujas» sostenida por los autoerigidos en partidarios del juez y jaleada por sindicatos, intelectuales, famosillos y lo que es más grave por varios miembros del Gobierno, con Gaspar Zarrías, José Blanco y Miguel Sebastián al frente. Negó que Garzón controle esa estrategia; al contrario, la rechaza, y que el titular del Central número 5 «con la espalda muy ancha por los años de profesión» se sienta objeto de una persecución orquestada «por tres frentes coordinados» (en referencia a los tres procedimientos abiertos contra él).

Ayer a las puertas del Tribunal Supremo donde Garzón acababa de declarar, se evidenció la paradoja de que el propio acusado, por boca de su letrado, tuviera que ser el encargado de frenar las irresponsabilidades del Ejecutivo. «Es inasumible desde un punto de vista profesional que mi cliente pueda estar sufriendo una persecución por parte del Supremo».

El CGPJ, menos tibio

Tras los intentos de deslegitimización del TS, algunos de cuyos miembros han sido acusados de fascistas, «cómplices de torturas» y residuos del franquismo, la portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, intentó poner el punto de cordura que se ha desvanecido en los últimos días y consideró «intolerable» que se acuse de torturadores a los magistrados de Supremo. La vocal rechazó con rotundidad que el TS se esté utilizando como un instrumento de venganza y confirmó que ni siquiera se ha incorporado todavía al orden del día del CGPJ la posibilidad de suspender cautelarmente a Garzón. La respuesta tardía sigue pareciendo insuficiente a determinados colectivos como el Foro Judicial Independiente que ha exigido al órgano de gobierno de los jueces una reacción «enérgica y proporcional» para velar por la independencia judicial y la división de poderes.

Pero mientras el magistrado se somete a las reglas del juego y las respeta, sus supuestos partidarios siguen erre que erre. Uno de los más desaforados, el ex fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, no está dispuesto a enmendarse y se ratificó ayer en sus acusaciones a «determinados magistrados y determinados tribunales» que están «poniendo en peligro» el Estado de Derecho. Con todo fue más contenido que el martes en el acto de la Complutense donde, arropado y jaleado, acusó al Supremo de estar instrumentalizado por el «fascismo español».

La llamada a la prudencia, el orden y la moderación del letrado de Garzón tampoco ha tenido eco, de momento, en los sindicatos ni en las asociaciones de Memoria Histórica con las que van de la mano en las adhesiones. Para hoy han convocado entre otros actos una concentración de apoyo en la sede del TSJ de Andalucía, en Granada. Una más que se suma a las previstas a diario a las puertas de la Audiencia Nacional. El secretario general de CC.OO, Ignacio Fernández Toxo, uno de los organizadores del acto de la Complutense tampoco está dispuesto a dar marcha atrás: la concentración, dijo, fue «de carácter sindical» y no hubo indicación alguna de «nadie ajeno» para llevarlo a cabo.