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El abogado de las empresas de Villarejo, ante el juez: «Yo sólo respondo por la estrategia jurídica»

Se desmarca de los seguimientos en uno de los proyectos y dice no tener constancia de que manejasen copia ilegal del censo

Cuatro policías declaran que proporcionaban datos por orden de sus superiores

El comisario José Manuel Villarejo en el Congreso EFE
Isabel Vega

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Rafael Redondo, abogado de las empresas del comisario jubilado José Manuel Villarejo, se ha desmarcado este miércoles ante el juez de los indicios de ilegalidad en el proyecto desarrollado para recuperar una herencia que se investiga en la pieza separada número 30 de la macrocausa en la Audiencia Nacional. «Yo sólo respondo de la estrategia jurídica», ha señalado.

Redondo estaba citado como imputado este miércoles ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, por el a una particular de Haro (La Rioja) que había perdido el litigio por una herencia millonaria después de que un juez invalidase el testamento que la beneficiaba.

Un informe de Asuntos Internos que obra en esta parte de la causa recoge el material con el que trabajaron en la empresa para este proyecto y en él, figuran pantallazos de una base de datos del censo que tendría origen ilícito, como ya avanzó ABC, y una lista de nombres, números de DNI y direcciones que apuntarían a que hubo acceso a datos sensibles de terceros por vía policial.

Según fuentes jurídicas presentes en la declaración, Redondo se ha desmarcado de esta parte del proyecto. Conforme ha explicado, y en línea con lo que refleja la documentación intervenida, el proyecto tenía dos partes: la jurídica y la de inteligencia. La primera, que es de la que se ha hecho responsable, pasaba por recurrir en casación y además promover una denuncia por estafa procesal y falso testimonio que finalmente, fue desestimada en los juzgados.

En cuanto al censo, ha dicho que no le consta que manejasen esa información: ni reconoce las carpetas con información censal de las personas a las que se proponía investigar en este proyecto intervenidas en los registros ni que tuviesen una base de datos de esas características.

En la misma línea, se ha desmarcado de un correo electrónico con una lista de tareas pendientes que implicaba pedir al comisario Enrique García Castaño que consiguiese el número de móvil del juez que había llevado aquel asunto. Ha incidido, como en otras piezas separadas de la causa, en que él al entonces jefe de la UCAO ni le conocía y nunca ha tratado con él y que, en todo caso, de esa lista de gestiones pendientes «no se hizo ninguna».

Ese magistrado del que según los informes, se pedía encontrar el teléfono móvil ha comparecido también este miércoles como testigo y ha dicho no sentirse perjudicado, es decir, no emprenderá acusación por este asunto, de acuerdo a las fuentes consultadas por ABC.

En esta línea, ha asegurado que ni el recurso en casación ni la denuncia contenían datos que procediesen de fuentes no abiertas, como los que apunta Asuntos Internos que se habrían recopilado en este caso, incluidos los del censo. Y en cuanto a los pagos, ha reconocido que efectivamente, figuraba como autorizado en prácticamente todas las cuentas del Grupo Cenyt, si bien ha negado que eso implicase poder disponer del dinero. Sólo podía moverlo, según ha dicho, por orden de Villarejo.

Además de Redondo, han prestado declaración este miércoles cuatro agentes de la Policía Nacional como imputados en relación a esos datos de terceros que podrían haberse extraído de bases policiales para el uso de Villarejo en el proyecto.

Se trata de ya viejos conocidos de la causa, pues varios han sido imputados en distintas piezas ante los indicios de que los datos que el polémico mando vendía a sus clientes los habían extraído ellos personalmente desde sus distintos puestos de trabajo. Sin embargo, dos en concreto fueron ya exonerados en la pieza separada número 2, que llega a juicio en octubre. Las diligencias contra ellos se archivaron por entender el instructor y los fiscales que obedecían órdenes de su superior, Enrique García Castaño .

En la sesión de este miércoles, sus testimonios han ido en la misma línea. Dos subinspectores que trabajaban en la UCAO han asegurado que cuando entraban en bases de datos como Adextra, Sidenpol o la de antecedentes penales lo hacían o para buscar información sobre una fuente o porque un superior pedía específicamente esa consulta.

En este contexto, uno de ellos ha señalado a García Castaño, que pedía los datos escribiendo lo que se había de buscar en un papel y al que, conforme ha declarado, se le devolvía la consulta verbalmente . El otro ha dicho que las peticiones las podían hacer tres superiores y ha señalado que no recuerda que el entonces jefe de la UCAO, específicamente, le encomendase ninguna porque «apenas» tuvo trato con él.

En cuanto a los otros dos, a uno en particular se le ha preguntado por las consultas al Notariado y se ha desmarcado porque dice, en las fechas de las que se habrían realizado para este proyecto, él ya no estaba en la Unidad. Ha dejado abierta la puerta, no obstante, a que alguien usara sus claves y sí ha apuntado que las peticiones eran de carácter verbal y además de García Castaño, las hacía Constancio Riaño , inspector Jefe de sección en la época e imputado igualmente en Tándem.

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