La Abogacía del Estado obliga a la Fiscalía a pronunciarse sobre el 8-M

La apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid se dio por presentada en el juzgado el pasado 16 de mayo, cuando la juez ordenó dar traslado a la Fiscalía para que se posicione en este asunto, algo que previsiblemente no ocurrirá hasta que a partir del 4 de junio se levante la suspensión de los plazos procesales acordada con el estado de alarma, según las fuentes jurídicas consultadas por ABC. De hecho, el Ministerio Público no ha presentado ni un solo informe en este asunto por esa parálisis .

Será entonces la primera vez que tome posición sobre la polémica en torno a la celebración de la marcha del Día de la Mujer, que concentró a miles de personas en Madrid seis días antes de la declaración del estado de alarma que impuso el distanciamiento social, restringiendo tanto la libertad de movimiento como el derecho de reunión en toda España.

Hasta la fecha, más de una veintena de denuncias y querellas han llegado a los órganos judiciales en relación con la gestión de la pandemia , pero precisamente por esa suspensión de los plazos procesales, las fiscalías sólo se han venido pronunciando cuando concurría petición de medidas cautelares, es decir, ante razones de urgencia. Es el caso de las Fiscalías del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, que lo hicieron en relación a la reclamación de los sindicatos de médicos y otros colectivos profesionales por la falta de equipos de protección individual para quienes estaban en primera línea de batalla.

Sin embargo, sobre la posible responsabilidad de cargos públicos por sus acciones u omisiones mientras se propagaba el virus en la primera quincena de marzo, la institución que dirige Dolores Delgado todavía no ha fijado posición y se desconoce cuál será la postura . Ella misma declaraba hace unos días su intención de «investigarlo todo» y comprobar «de manera objetiva» si el contenido de las denuncias como la que ha llevado al delegado del Gobierno a la situación de imputado, «se ajusta a la realidad». Hay una querella en los mismos términos contra todo el Consejo de Ministros y otra específica contra el presidente del Gobierno esperando en el buzón de entrada del Tribunal Supremo.

Entretanto, la Abogacía del Estado, que ejerce en el Juzgado de Instrucción 51 como defensa de Franco, cree que ni siquiera debió admitirse a trámite la denuncia y que la investigación a cargo de la juez Carmen Rodríguez-Medel se ha convertido en una «causa general» .

La instructora abrió el caso el 23 de marzo y comenzó a practicar diligencias, entre ellas la encomienda de un informe a la Guardia Civil según el cual, en la Delegación del Gobierno conocían «el peligro» de permitir esos eventos . El atestado, de 83 páginas, le habría costado el puesto al coronel jefe de la Comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, destuido este lunes por no haber dado cuenta del contenido a sus superiores.

El recurso de la Abogacía, firmado por Rosa María Seoane —la abogada del Estado en el juicio del 1-O—, es anterior a este punto. Se dirige contra el mismo auto de apertura y solicita que se declare nulo, en primer lugar, porque vulnera el derecho de defensa de Franco: sostiene que la juez ha venido practicando diligencias «sin que hubiera urgencia alguna y suspendiendo además el plazo para recurrir» .

A lo largo de 18 páginas, carga contra la instructora y le acusa de emprender «una auténtica investigación prospectiva», pues busca indicios de delito cuando la condición previa para abrir una causa penal es el hallazgo de los mismos. Dice que la juez sólo tenía una denuncia «insuficiente» que ahora «trata de suplir» ordenando diligencias para «determinar si los hechos» constituyen esos indicios. Para la Abogacía, en este «afán» de encontrar hechos tipificados en el Código Penal, la juez ha excedido sus competencias porque al final, ha encomendado a la Policía Judicial recabar información «no solamente sobre la actuación del Delegado del Gobierno, sino de cualesquiera otras autoridades que ni siquiera identifica, convirtiendo esta instrucción en una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria».

Fuentes jurídicas se muestran escépticas con el recorrido que este escrito de la Abogacía del Estado pueda tener en la Audiencia de Madrid, donde no es habitual estimar recursos en un momento tan prematuro de la investigación , salvo que se vea claramente que los hechos denunciados no son constitutivos de delito.

Estas fuentes recuerdan que no es frecuente acudir al argumento de la «causa general» o de «investigaciones prospectivas» para lograr lo que en definitiva se pretende, que es cerrar la investigación a través del sobreseimiento y archivo. Lo habitual, dicen, es pedir directamente el archivo por falta de «enjundia» penal de los hechos, dicen.

Otras fuentes consideran que lo que ha hecho la Abogacía del Estado es una estrategia arriesgada que, vaticinan, no le llevará a buen puerto . «Es un despropósito», apuntan, porque si la Audiencia de Madrid considera prematuro este recurso y devuelve la investigación a la juez para que continúe practicando diligencias, los magistrados podrían pronunciarse de forma explícita sobre si ven indicios de delito, lo que avalaría la actuación de la instructora para seguir investigando. Estas fuentes consideran que lo más conveniente para los intereses de la Abogacía del Estado habría sido esperar a la declaración de Franco para poner de manifiesto ante la juez los errores en los que, según la defensa, ha incurrido el informe de la Guardia Civil, y ya después, pedir el sobreseimiento. Añaden, además, que practicar pruebas para la averiguación de los hechos es un derecho a la tutela judicial efectiva del denunciante . A su juicio, el momento en el que se plantea este recurso denota «nerviosismo» por parte del Ejecutivo y «enormes reticencias» a que la juez avance en la investigación.

Por su parte, desde la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), su presidente, Manuel Almenar, señala que si la juez ha visto indicios de apariencia delictiva tiene la obligación de investigar y alude a la existencia de un sistema de recursos para revisar decisiones con las que alguna de las partes no esté de acuerdo, como ha sido el caso.

En declaraciones a ABC, Almenar recuerda que, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el archivo sólo puede acordarse cuando no hay indicios racionales de delito o cuando el hecho denunciado no es constitutivo de delito . En este caso la juez López-Medel sí ha visto esos indicios y tiene que practicar las diligencias necesarias para su comprobación. Ahí se enmarca el informe solicitado a la Guardia Civil y la declaración del delegado del gobierno en calidad de investigado. El tiempo dirá si esos indicios quedan apuntalados o no, y sea cual sea el resultado de la investigación, las partes podrán hacer uso otra vez de ese sistema de recursos. Pide confianza en la justicia y que se deje trabajar a los jueces. De la misma forma, Jorge Fernández Vaquero, portavoz de Francisco de Vitoria, apela a esa confianza que debe tener el ciudadano en la justicia y a que se deje trabajar «a todos». Reconoce que no es habitual recurrir un auto al inicio del procedimiento y que sería más lógico hacerlo tras la declaración del investigado».