Castro Rey se aferra a que Moncloa no recurrió los avales de la Generalitat para no valorar su legalidad

Estos avales pretendían cubrir las fianzas impuestas por este organismo a los 34 exaltos cargos catalanes que presuntamente malversaron fondos públicos para defender la independencia de Cataluña en el exterior. La Abogacía del Estado opta así por no defender a la Administración ante el daño patrimonial sufrido lo que, en la práctica, podría dejar a los autores del delito sin responsabilidad real, según apuntan varios juristas consultados por este periódico.

«Al no haberse declarado inconstitucional (el decreto de la Generalitat instrumentalizó esos avales) ni haberse suspendido su eficacia«, señala Castro Rey, »la determinación de la legalidad de los actos que se dicten a su amparo habrá de efectuarse utilizando como canon para ello las previsiones del propio decreto-ley», concluye. «No resulta procedente la emisión, por la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Cuentas, del informe solicitado«, concluye.

Castro Rey deniega así, por «improcedencia», la solicitud que le remitió el pasado 27 de julio el Tribunal de Cuentas para que informara, de forma no vinculante, sobre la legalidad de los avales, al estar garantizados con fondos públicos. Sin embargo, tanto el artículo 20 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas como el artículo 48 de la Ley General de Recaudación avalan la petición del órgano fiscalizador.

El primero señala que «el servicio jurídico del Estado en el Tribunal de Cuentas evacuará también los informes en Derecho que le soliciten el Presidente, el Pleno del Tribunal, la Comisión de Gobierno y los Consejeros». El segundo precepto establece que cuando la suficiencia económica y jurídica de las garantías «presente especial complejidad», el organismo al que corresponda «podrá solicitar informe de otros servicios técnicos de la Administración o contratar servicios externos».

Además de pedir informe sobre la legalidad de los avales, el Tribunal de Cuentas también pedía a la Abogacía un dictamen sobre si la concurrencia de dolo o culpa grave de los 34 exaltos cargos independentistas estaba «amparada» por el decreto de la General itat o debe entenderse que solo alcanza «a supuestos en los que no concurran tales imputaciones contables por dolo o culpa grave».

Por último, el Tribunal de Cuentas quería conocer si la la jurisprudencia del Tribunal Supremo «ampara o no la indemnidad de los cargos y empleados públicos que actúen con dolo o culpa grave» y si el sistema español de responsabilidad contable «permite que sea, directa o indirectamente, la propia entidad perjudicada» la que garantice con dinero público «la posible responsabilidad contable de los cuentadantes que puedan haber incurrido en responsabilidad contable».

A lo largo del informe, de once páginas, Castro Rey también argumenta que «las actuaciones previas a la exigencia de responsabilidades contables tienen naturaleza administrativa y no jurisdiccional», aunque «constituyan un medio instrumental para la actividad de enjuiciamiento». Y añade que «parece indudable» que si la Abogacía emitiera valoraciones sobre la legalidad de los avales, el Tribunal de Cuentas lo tomaría en consideración «aceptándolas». Algo que, a juicio de Castro Rey , le resulta incompatible con el principio de imparcialidad al ser la Abogacía del Estado una de las partes en el proceso.

Desde el Grupo Popular , el portavoz en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas Eloy Suárez , denuncia que «una vez más el Gobierno de Sanchez Castejon usa las instituciones en su beneficio». «Esta vez por omisión, la Abogacía del Estado se niega a informar con una claro objetivo que no es otro que no incomodar a los socios independentistas del Gobierno», añade.

«No hay precedentes de que los servicios jurídicos de un organismo se nieguen a informar en un asunto en el que la legislación le obliga . Los avales presentados en el Tribunal de Cuentas por los independentistas son claramente cuestionables y por lo tanto es necesario saber si son legales o ilegales y esa función le correspondía en este caso a la Abogacía del Estado », remacha.

El portavoz adjunto de Cs en el Congreso y exresponsable penal de la Abogacía del Estado, Edmundo Bal , considera que Castro Rey «no puede no informar sobre el quebranto a las arcas públicas del golpe independentista del 1-O bajo el pretexto de que el decreto que aprueba el Fondo de la GENCAT por ahora es legal», advierte.

«El informe versa sobre la aplicación del Fondo al caso concreto en el que el daño se ha causado a través de un delito contra el presupuesto de la autonomía, que se nutre en más de un 70 por ciento de fondos de todos los españoles, cuya defensa corresponde a la Abogacía del Estado», explica.

«Conceder las fianzas la GENCAT es tanto como perdonar la deuda a quienes lesionaron el Tesoro Público mediante más dinero público, que es de todos los españoles. La Abogacía del Estado debería informar lo obvio: que las fianzas de la víctima del delito en favor del malversador son inadmisibles», sentencia.