245 presos de ETA en España, 21 en el País Vasco y su entorno y el 96% sin posibilidad de permisos

La población penitenciaria etarra está en franco descenso habida cuenta que desde 2010 son más los terroristas que salen de las prisiones que los que ingresan. En 2017, por ejemplo, se fueron a casa 35. Aunque la excarcelación más grave se registró en 2013, cuando la derogación de la «doctrina Parot» obligó a poner en libertad a 54 pistoleros.

Los condenados de ETA que cumplen en España están dispersos en 38 centros penitenciarios, lo que según fuentes de la seguridad del Estado, no reviste nada excepcional. Es el reparto de siempre, dicen. El 96% tiene clasificación de primer grado , reservado a los más peligrosos e inadaptados, y por tanto se les aplica el régimen cerrado que implica estar muchas horas al día dentro de la celda y nada de permisos. Lo llaman «la cárcel dentro de la cárcel».

Solo cuatro etarras están en prisiones del País Vasco y 17 más en las situadas en un radio de 300 kilómetros, incluida la de Mont de Marsan, al sur de Francia y otras como las de Zuera en Zaragoza, Logroño o Burgos, a las que d esde 2011 se fueron derivando arrepentidos acogidos a un itinerario de ruptura con la disciplina de la banda, la llamada «vía Nanclares» que ha acabado resultando un fracaso. Y por extensión, un ejemplo nítido de que los asesinos nunca han querido reinserción y han desperdiciado todas las oportunidades que se les ha dado.

A mayor gravedad de los crímenes cometidos, más lejana la prisión. Es un principio no escrito pero practicado, como lo demuestra que 85 de los internos de la banda lo están en Andalucía. En la de Huelva, a 939 kilómetros de su Galdácano natal, está uno de los más conocidos: está Javier García Gaztelu, «Txapote» , ejecutor de Miguel Ángel Blanco. La segunda región con mas asesinos de la banda es la Comunidad Valenciana, con 48, seguida de Murcia, con 36, entre ellos José Javier Arizcuren Ruiz «Kantauri», que el lunes fue trasladado al hospital por una crisis cardiaca.

El Gobierno insiste en que no habrá «nada» para ETA a cambio de su cierre, tampoco en términos penitenciarios. Por su parte, Francia da señales hace tiempo de querer quitarse a estos internos de encima. En sus prisiones hay 52, una veintena destinados ya en las que están situadas más o menos próximas al País Vasco. Las autoridades galas anunciaron que no aplicarían tal beneficio a presos con delitos de sangre, aunque el traslado en marzo a una cárcel del sur de Josu Urbieta Alkorta –condenado por el tiroteo en el que murió la última víctima de ETA– preocupa.