Abascal se vale de sus Gobiernos autonómicos para negar cualquier crisis en Vox

El presidente de Vox ha evitado comparecer ante los periodistas y ningún portavoz del partido ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa, como sucede casi todos los lunes, tras las reuniones del Comité de Acción Política. La formación sí ha permitido ver en 'streaming' una intervención de Abascal en abierto que ha durado aproximadamente diez minutos. En ella, el dirigente conservador ha hecho una llamada a filas para aguantar frente a quienes «crean la atmósfera» de que el partido «cae en picado». Una falsedad, para él, equivalente a la que hace cuatro años decía que el proyecto de Vox no era «posible».

«La reflexión que quería compartir con vosotros es que estamos aquí contra todo pronóstico, contra todos los subvencionados, contra los que crearon la atmósfera de que Vox no era posible hace cuatro años y hoy crean la atmósfera de que Vox cae en picado», ha dicho Abascal, ante los vicepresidentes y consejeros que tiene Vox en los Gobiernos autonómicos: desde Juan García-Gallardo, vicepresidente de Castilla y León y primer miembro de Vox con asiento en un Ejecutivo regional, hasta Ignacio Higuero de Juan, que hace dos semanas sustituyó a la dimitida Camino Limia como consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural en Extremadura.

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Abascal ha explicado cómo en 2018 se habían marcado la meta de presentarse a las elecciones europeas del 2019, conseguir al menos un eurodiputado y, a partir de ahí, comenzar a crecer. No obstante, el partido sorprendió en Andalucía con la irrupción de doce diputados autonómicos y después, en abril del 2019, conquistó veinticuatro escaños en el Congreso de los Diputados. En la repetición electoral de noviembre de ese año se disparó a los 52 diputados, convirtiéndose en la tercera fuerza nacional. Hoy, a pesar de que el 23J cayó a 33 representantes en la Cámara Baja, conserva más de tres millones de votantes y ese honorífico tercer puesto.

En agosto, la dimisión de Iván Espinosa de los Monteros, portavoz en el Congreso durante toda la legislatura pasada y uno de los rostros más reconocibles del partido, generó una convulsión interna sin precedentes. Por primera vez, afloraron públicamente voces críticas que cuestionaban el viraje de la formación hacia las posiciones más conservadoras, encarnadas por el vicepresidente Jorge Buxadé.

Hace dos semanas, el Tribunal de Cuentas emitió un informe en el que advertía a Vox de una posible multa por ingresos superiores a 330.000 euros sin justificar. A ello se sumaron la expulsión del partido del Gobierno local de Gijón, la renuncia de Limia como consejera y una reestructuración en la que Marta Castro dejaba de ser vicesecretaria jurídica para compartir la parcela, llamada ahora Coordinación Jurídica, con el vicepresidente Buxadé. Además, trascendió en paralelo que el diputado Juanjo Aizcorbe dejará de ser el gerente de la formación, aunque fuentes internas lo desvinculan completamente de las finanzas y garantizan que él comunicó su intención de asumir menos responsabilidades ya en mayo.

En cualquier caso, Vox niega cualquier crisis y achaca el runrún a una «atmósfera» creada interesadamente por los medios. Sobre su socio, el PP, Abascal ha recordado que quería seguir gobernando en solitario, a lo que estaba acostumbrado hasta sus experiencias de coalición con Ciudadanos, pero ha reivindicado que con Vox en los Gobiernos, a los españoles les va mejor. Como ejemplos ha señalado políticas de rebajas fiscales aplicadas ya en los Ejecutivos de PP y Vox, medidas «en favor de la libertad» en materia lingüística en Baleares —donde los populares dependen externamente de Vox— y en la Comunidad Valenciana, iniciativas para «proteger» a los hombres y mujeres del campo «frente a la Agenda 2030», así como el combate de «leyes ideológicas» como las de memoria histórica y del «adoctrinamiento» en las escuelas.

Más allá de eso, Abascal ha querido pedir explícitamente a sus vicepresidentes y consejeros autonómicos que ejerzan de «vigilancia» ante «la amenaza de golpe» de Pedro Sánchez. Al igual que el PP, Vox entiende que los Gobiernos autonómicos de la derecha pueden ejercer como contrapeso a un posible Ejecutivo de PSOE y Sumar condicionado por los independentistas catalanes y vascos. Con el conflicto palestino-israelí omnipresente, el presidente de Vox ha aprovechado además para arremeter contra las contradicciones en el Consejo de Ministros, una parte del cual, ha llegado a decir, siente «admiración por el terrorismo de Hamás».

Se refería Abascal a la presencia este domingo de miembros de Sumar y de Podemos, incluida la ministra en funciones de Derechos Sociales, Ione Belarra, en la manifestación propalestina en Madrid, en la que se escucharon gritos como «Israel, Estado terrorista». Pero este es solo el último capítulo en una larga lista enumerada por Abascal: desde la ley del 'solo sí es sí', que terminó involuntariamente beneficiando a centenares de agresores sexuales, hasta la crisis migratoria que está sacudiendo a Canarias.

El líder de Vox también se ha referido a la amnistía que negocia Sánchez con los separatistas, y que este lunes ha defendido el expresidente, también socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, y ha lamentado que el Gobierno se haya «entregado» a «los enemigos de España». «Se ha sumado al golpe del 2017», ha criticado, antes de cargar también contra la «fotografía con los herederos de ETA», en alusión a la reunión que mantuvo el presidente en funciones con los portavoces de Bildu de Congreso y Senado la semana pasada, dentro de su ronda de contactos para la investidura, de la que Sánchez solo excluyó a Vox.

Por todo ello, y como hizo desde el mismo momento que se convocó, Abascal ha pedido a los españoles un apoyo masivo a la manifestación organizada por Denaes (Fundación para la Defensa de la Nación Española) contra la amnistía, el próximo 29 de octubre en Madrid. Tras el mitin multitudinario del PP antes de la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo y la protesta del 8-O en Barcelona promovida por Societat Civil Catalana, este será el tercer acto público contra el borrado de los delitos del separatismo en el 'procés'.