Ábalos presenta alegaciones contra su suplicatorio y denuncia una «cacería política»

Esa es la base de la argumentación que ha presentado ante la comisión, según ha podido cotejar ABC. A lo largo de 85 páginas, el socialista acompaña un relato de los hechos y recortes de prensa para fundamentar las supuestas «interferencias» en su condición de diputado y reclama amparo a la Mesa del Congreso por haber sido «violentado», en sus palabras, el ejercicio de su función de representación parlamentaria.

Básicamente, el exministro dibuja una teoría de la conspiración entre la Unidad Central Operativa (UCO) y el PP que explica por qué ha llegado a esta situación, que lo tiene al borde de la imputación formal. «El Poder Judicial también lee la prensa. Son sensibles y por eso actúa la propaganda», ha declarado a los medios antes de someterse a puerta cerrada a examen durante algo más de una hora.

El diputado, en el Grupo Mixto desde la detención de su antigua mano derecha y con un expediente de expulsión del PSOE en tramitación, ha entrado en la sala Lázaro Dou del Congreso al filo de las doce del mediodía. Lo ha hecho con aparente voluntad de no decir nada a la prensa, pero segundos después ha salido con una sonrisa y ha dejado caer: «Era a las doce y media». Los periodistas presentes han salido tras él en tromba, precipitando un sinfín de preguntas, y cuando parecía que no iba a decir nada, tras varios metros de carreras a trompicones entre operadores de cámara y redactores, con obstáculos por estar en obras esa zona de la Cámara Baja, se ha detenido para lanzar una larga perorata.

Primero ha defendido su «inocencia» y sus derechos como diputado en lo que parecía una improvisada rueda de prensa en los pasillos del Congreso, después ha conversado de manera informal con los periodistas, ya sin micros delante, y antes de regresar a la sala donde ha comparecido este lunes ante la Comisión del Estatuto de los Diputados –que debe decidir si envía al pleno el suplicatorio que le llega del Supremo–, ha dado unas segundas declaraciones en las que, de nuevo, ha vuelto a decir que antes de su retirada, porque «uno ya tiene cierta edad», solo le queda demostrar su «inocencia».

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En esas está el socialista, que antes de la crisis de gobierno del 2021 era un hombre fuerte de Pedro Sánchez tanto en el Gobierno como en Ferraz, y que ahora ve «una cacería política» contra el Ejecutivo en la que él es solo «un elemento desechable». Ábalos ha puesto el foco en la investigación «extrajudicial» que, según denuncia, emprendió sobre él la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a pesar de su condición de aforado y todo en connivencia con el Partido Popular.

«Me limito a leer un oficio de la Guardia Civil», ha dicho Ábalos, tras subrayar que la Benemérita interceptó un envío que le hizo un alto cargo del Gobierno y montó «un operativo» para acceder a sus correos y conversaciones. Todo ello, ha insistido, a pesar de que el Congreso no ha aprobado aún ningún suplicatorio sobre él para que se lo investigue formalmente. El Supremo le ha tomado declaración en calidad de investigado, pero de forma voluntaria. Ahora, para profundizar más, el Alto Tribunal debe recibir luz verde de la Cámara Baja, un paso que debería limitarse a un mero trámite, como sucedió con el exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez.

El PSOE, de hecho, ya dejó claro desde el primer momento que se posicionará a favor del suplicatorio, algo que ha despertado ciertas críticas de quien hace un año aún compartía bancada con el Grupo Parlamentario Socialista: «Incluso cuando uno tiene una decisión tomada, por decoro, por respeto a la verdad, debería esperar a las explicaciones. Si hay una decisión previa, ¿para qué me piden alegaciones, para qué me piden comparecer?». «No voy a decir lo que tienen que hacer los demás. Lo que quiero es poner en conocimiento el origen de esta causa, que es de motivación política», ha añadido el exministro, abonado a la teoría del 'lawfare' –la guerra sucia judicial– a la que también se abraza Sánchez, por ejemplo, en la causa abierta contra su mujer, Begoña Gómez.

La Comisión del Estatuto de los Diputados ya ha escuchado al exministro. Sus miembros estudiarán ahora la documentación aportada por él hasta este martes a las doce y media de la mañana. Lo previsible es que emitan un informe favorable a la concesión del suplicatorio y que se remita a la Mesa para su inclusión en el orden del día del próximo pleno, que se celebrará el miércoles 22 de enero porque está pendiente de convalidación el real decreto ley sobre el gravamen a las empresas energéticas.