El caso Ábalos y los pagos a su 'escort' torpedean la agenda antiprostitución en Ferraz

La declaración la semana pasada en el Tribunal Supremo (TS) -al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, se le juzga en el Alto Tribunal como aforado que es, dado que mantiene su acta como diputado del Grupo Mixto, lo que hizo necesario que el Congreso de los Diputados concediese su suplicatorio- de Jessica Rodríguez puso sobre la mesa un nuevo ingrediente a un escándalo, el que estalló en febrero de 2024 con las primeras detenciones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), entre ellas las de Koldo García, chófer y hombre para todo de Ábalos, y la del comisionista Víctor de Aldama.

Días después de que se hubiera publicado que el exministro y ex número 3 del PSOE conoció a esta persona en un catálogo de 'escorts' o personas de compañía, Rodríguez declaró que había sido contratada por dos empresas públicas sin haber ido ni un día al trabajo, percibiendo unos emolumentos de casi 30.000 euros. Y que vivía en un piso de lujo en el principal edificio de la Plaza de España de Madrid, pagado supuestamente por Aldama.

Ante esta tesitura, el Partido Popular (PP) se ha apresurado a activar una ofensiva en el Senado, con la petición de las comparecencias de los ministros de Transportes y Agricultura, Óscar Puente y Luis Planas, y de hasta cuatro responsables de las empresas públicas que habrían hecho esos pagos, Tragsatec e Ineco. En concreto, a Jesús Casas Grande, presidente del Grupo Tragsa; Carmen Librero, presidenta de Ineco en 2020, cuando se produjo la contratación; Juan Pablo González Mata, director de Tragsatec; y Belén Villar Sánchez, actual directora general de Organización e Inspección del Ministerio de Transportes y responsable de la auditoria encargada el año pasado por el ministro Puente sobre las presuntas irregularidades cometidas en tiempos de Ábalos, que enfadó sobremanera al ahora acusado.

Los populares hablan ya abiertamente de pagos del exministro «a cambio de favores sexuales», todo un salto cualitativo en cuanto a la repercusión pública del escándalo. Y ahondando en la herida, los de Alberto Núñez Feijóo aseveran que «de todas las formas en las que un gobernante puede utilizar mal el dinero de los ciudadanos, la de emplearlo para pagar los servicios de una prostituta para que atienda los deseos de un ministro del Gobierno de España es de las más asquerosas que puede haber».

La agenda abolicionista que ahora intenta abanderar la ministra Redondo es uno de los empeños del sector feminista del PSOE. Ese que durante un tiempo encabezaron figuras como la ex vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, hoy presidenta del Consejo de Estado, o la exvicesecretaria general del partido, Adriana Lastra, hoy delegada del Gobierno en Asturias. Y el mismo que tuvo severos enfrentamientos la pasada legislatura con la ministra de Igualdad de Podemos, Irene Montero, muy sonados a cuenta de la ley trans o de la ley del 'sólo sí es sí', que el propio PSOE terminó corrigiendo con el apoyo del PP tras el escándalo de la rebaja de condena a cientos de agresores sexuales.

Es menos visible, pero también con los partidos a su izquierda el feminismo tiene discrepancias sobre la abolicición de la prostitución, pues formaciones como Podemos o Sumar son más partidarias de una visión más regulacionista que prohibicionista, en síntesis. Curiosamente, una de las novedades que introdujo el Gobierno formado por Pedro Sánchez en noviembre de 2023, en el que se sustituía a Unidas Podemos por Sumar como socio minoritario, es que para éste último quedaba la cartera de Cultura, antes en manos socialistas, mientras que el PSOE recuperaba Igualdad.

Ese sector de Lastra es el que más enfrentado estuvo al de Ábalos en los tiempos en que ambos coincidieron en Ferraz como las dos cabezas visibles de la formación, y los rumores sobre el comportamiento privado del ministro ya hicieron entonces dar la voz de alerta a quienes pensaban que el partido no podía sostener determinadas ambivalencias entre discursos públicos y conductas privadas.

Por lo demás, el PSOE confía hace tiempo en haberse sacudido de encima la presión del 'caso Ábalos' tras haberle apartado de la disciplina del partido el año pasado con gran celeridad, tras conocerse la primera operación de la UCO. Aunque se le reclamó el acta de diputado, el exministro se negó a entregarla, mientras se le abrió un expediente de expulsión como afiliado del partido.

Una y otra vez los socialistas, empezando por Sánchez, han negado que su salida del Gobierno en 2021 tuviese que ver con todo lo que ahora se está conociendo. El cese de Ábalos fue, junto al de Iván Redondo, el más sorprendente de aquella crisis de gobierno.