La Policía detiene a 89 personas de una red de tráfico ilegal de inmigrantes chinos

Los responsables de la organización criminal, que estaba formada por personas de nacionalidad china y pakistaní, cobraban una media de 20.000 euros por cada víctima traficada, fraccionando el pago en dos partes: una al salir del país de origen y otra en el de destino.

La red llevaba a cabo acuerdos con otras redes similares asentadas en España y en otros países llegando así a funcionar como una macro organización criminal. Por este motivo, ha sido necesaria la cooperación internacional para la investigación.

Las investigaciones se iniciaron a raíz de numerosas detenciones en aeropuertos españoles de personas de origen asiático que pretendían embarcar en vuelos identificándose con documentos falsificados de nacionalidades como Región Administrativa de Macao, Región Administrativa Especial de Hong Kong, República de Corea, Japón, Malasia, Singapur, Portugal y Taiwán.

Según la Policía, la organización captaba a sus víctimas en China y les prometía llegar a cualquier país a cambio de una cantidad de dinero que variaba en función del destino solicitado y de los medios utilizados para llegar a él. No pagar la cantidad pactada --una media de 20.000 euros-- suponía la retención de la documentación verdadera de estos ciudadanos y la limitación de su libertad ambulatoria así como la amenaza a sus familiares.

Los responsables de la red trataban de introducir a las personas en cualquier país del espacio Schengen y para ello establecían rutas claramente definidas : por un lado, mediante vuelos directos desde el país asiático a Europa, mediante documentos auténticos de terceras personas con parecidos razonables obtenidos de manera fraudulenta; y por otro lado, mediante vuelos entre China y Europa con escalas y pasaporte falso.

La forma de entrada más peligrosa de todas se realizaba de forma clandestina y oculta a través de la frontera terrestre entre Turquía y Grecia, lo que ponía en riesgo su integridad física.

Una vez introducidos en España, las víctima permanecían ocultos en pisos patera en Barcelona, Badalona, y Santa Coloma de Gramanet. Para evitar ser descubiertos por los controles policiales, eran obligados a cambiar de vivienda con asiduidad a la espera de una nueva documentación falsificada con la que llegar al país de destino y la documentación inicial les era retirada de inmediato.

Esa segunda documentación de la que precisaban para llegar a los países solicitados era falsificada por el entramado en China y enviada a España a través de empresas de mensajería, o bien, escondida en el equipaje de nuevos ciudadanos chinos a los que también pretendían traer a España. Una vez que la recibían, los miembros de la organización adquirían billetes de compañías de bajo coste en agencias regentadas por ciudadanos chinos y pakistaníes.

Además de las detenciones, la investigación se saldó con cuatro registros efectuados en Barcelona y Badalona en los que los agentes de Policía Nacional han intervenido más de 4.000 euros así como cantidades de dinero procedente de nueve países, 116 pasaportes de diversas nacionalidades, 71 tarjetas SIM de telefonía y material informático.