josé maría nieto

El informe en que se inspira Rajoy plantea un techo de competencias autonómicas

Volver al recurso previo de inconstitucionalidad y eliminar la posibilidad de incorporar Navarra al País Vasco, también en el dictamen

sara medialdea
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El presidente Mariano Rajoy apuntó directamente al informe que el Consejo de Estado hizo en 2006 sobre la reforma de la Constitución para fijar la línea de salida de la reforma constitucional. En él, apuntó, están las «claves» que pueden servir para el proceso que parece en ciernes.

Rajoy lo tiene claro: el informe, que llevaba diez años dormido en los despachos, es «magnífico», y hay que leerlo porque en él están «las claves» por donde puede ir una futura reforma constitucional. No será en esta legislatura, ya lo adelantó, pero el presidente es consciente de que este es un camino sin retorno, y que ya se ha iniciado el que probablemente será el debate político más importante y de más peso de las últimas décadas.

Curiosamente, este «magnífico» informe recabó en su día un único voto en contra: el del ex presidente del Gobierno José María Aznar, preocupado porque a su juicio no se daban las circunstancias más adecuadas para acometer los cambios: «El contexto político no favorece el sosiego, ni estimula el acuerdo, necesario para una operación tan importante como es la de reformar la Constitución de todos».

No obstante, reconocía la calidad técnica del informe y se mostraba preocupado por la posibilidad de modificar el artículo 2 para incorporar la mención a las comunidades autónomas: pedía recordar la «laboriosa gestación» de ese artículo y «el difícil equilibrio que significó».

El dictamen fue encargado al Consejo de Estado por el presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Se le pedía al alto órgano consultivo un análisis de cuatro posibles cambios constitucionales: el fin de la prevalencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona; recoger en la Constitución el hecho de la integración europea de España; la reforma del Senado; y la inclusión de los nombres de las comunidades autónomas en el texto legal.

De los cuatro aspectos, sin duda el más polémico es el relativo a las comunidades autónomas. Lo que el Gobierno pidió en su día fue un estudio sobre cuál sería la fórmula más adecuada para incluir el nombre de las comunidades autónomas -que ahora no aparece- en la Constitución, un compromiso que el ex presidente Rodríguez Zapatero asumió en su discurso de investidura.

Pero al hilo de este asunto, y durante el estudio de esta posible reforma, surgieron derivadas que condujeron al Consejo de Estado a plantear recomendaciones o sugerencias. Así por ejemplo, el informe terminaba proponiendo la necesidad de delimitar claramente un techo competencial de las autonomías para «evitar tensiones perjudiciales para la vida del Estado».

Asegurar la solidaridad

También proponía volver al uso del recurso previo de inconstitucionalidad, por ejemplo en el caso de los estatutos de autonomía. Y sugería eliminar la Transitoria IV, que establece la posibilidad de anexión de Navarra por el País Vasco. Por último, hace una sugerencia para que en la Constitución se establezca claramente y de forma expresa que las autonomías están obligadas a «asegurar la solidaridad entre ellas».

El dictamen hace referencia también al carácter «no definitivo» de las constituciones, pero matiza que el acierto en los cambios depende de varios factores: que «respondan a demandas consistentes», que «sean limitados y prudentes», que «las alternativas propuestas hayan sido suficientemente maduradas» y que los cambios se hagan siempre «por consenso».

Indica también algunas recomendaciones: que los cambios se hagan en cualquier caso «sin rectificar el núcleo de las decisiones adoptadas en su día por el constituyente», y respetando «estrictamente» los valores que se fijaron en 1978: «España como estado social y democrático de derecho, monarquía parlamentaria, la soberanía nacional reside en el pueblo y la indisoluble unidad de la nación española».

Hay un elemento en el que hace hincapié la reflexión de los expertos del Consejo de Estado: en la Constitución se revela la voluntad del constituyente de introducir un «factor de flexibilidad o apertura en el sistema de distribución de competencias», ya que este reparto «no puede considerarse cerrado definitivamente» porque puede ser alterado por «una atribución extraestatutaria de competencias a las comunidades autónomas», de entre las que son exclusivas del Estado. Eso, recuerda el dictamen, forma parte, «guste o no» de la apertura que caracteriza «a nuestro sistema de distribución territorial del poder».

Por eso, considera «compatible con la reforma» una «modificación del precepto para hacerlo más claro» y «evitar las graves disfunciones derivadas de una utilización abusiva o masiva de ese instrumento excepcional». Por eso propone delimitar esas facultades de titularidad estatal que se pueden delegar y las que «en ningún caso pueden ser transferidas».

Recomendaciones

En relación con la supresión de la mención actual a la prevalencia del varón en la sucesión al trono, se sugiere eliminar la frase «en el mismo grado, el varón a la mujer» que ahora marca esa diferencia de género en el texto de la Carta Magna. Y en lo relativo al Senado, la reforma propone reducir en 25 el número de senadores o incrementar su poder legislativo, entre otras cuestiones.

Lo relativo a la inclusión en nuestra Carta Magna del hecho de la integración europea se solucionaba mediante la inclusión de una nueva «cláusula europea» en un nuevo artículo (el 93 bis) o un nuevo título (VII u VIII bis).