El juez Castro ordena cancelar el embargo del palacete de Urdangarín y la Infanta

Lo ha dicho después de que la Audiencia Provincial de Baleares confirmase la semana pasada las condiciones impuestas en su día por el magistrado para la venta del inmueble.

Cabe recordar que la mitad del palacete le fue embargada al Duque de Palma tras no haber hecho éste frente a la fianza civil de 8,2 millones de euros, posteriormente reducida a 6,1 millones, que a finales de 2013 le fue decretada de forma conjunta con su exsocio Diego Torres.

Castro ya ordenó a principios de marzo la cancelación del embargo, si bien ésta no se hizo finalmente efectiva puesto que la autorización de la venta con las condiciones del juez no era firme al haber sido recurrida tanto por Urdangarín como por el sindicato Manos Limpias.

En concreto, el marido de la Infanta Cristina reclamaba poder abonar a Hacienda 253.705 euros -derivados del impago del IRPF en que incurrió en 2009- con los fondos que obtendría con la venta del inmueble, cuyo precio está estipulado, en concreto, en 6,95 millones de euros. Una petición que desestimó Castro, lo que llevó a Urdangarin a recurrir en apelación ante la Audiencia.

En la resolución recurrida, el juez aseveraba que el crédito que Urdangarin pretende pagar a la Agencia Tributaria (AEAT) no deriva de la supuesta comisión de ningún delito fiscal de los investigados en el caso Nóos, de modo que el embargo que pesa sobre la mitad indivisa del palacete, perteneciente al Duque, «no tiene como finalidad garantizar ese crédito».

En esta línea, el tribunal de la Sección Segunda, en el auto con el que la pasada semana confirmó el de Castro, alegaba que, en este caso, no es el acreedor -Hacienda- quien pide la satisfacción de su crédito y defiende su preferencia, sino que se trata de una «pura cuestión personal» de Urdangarín.

El juez Castro autorizó la venta siempre que los Duques se comprometiesen a depositar en el Juzgado los 2,3 millones de euros que prevén obtener por la mitad embargada de la vivienda como garantía ante las responsabilidades económicas que puedan derivarse de la causa, algo que garantizaron tanto Urdangarín como su mujer, si bien manteniendo el recurso que el acusado presentó ante la Audiencia -ahora desestimado-.

Mientras tanto, la Audiencia ya se pronunció sobre las condiciones de venta a raíz del recurso interpuesto en su día por el sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular, contra la autorización de la venta y que el tribunal también desestimó.