El juez Velasco pide al Supremo que impute a un senador de Bildu por pertenencia a ETA

En esta causa, según relata el escrito del juez, se investigan hechos que podrían constituir los delitos de integración en organización terrorista, financiación del terrorismo, delito tributario, fraude a la Seguridad Social y blanqueo de capitales. El magistrado apunta que el « frente de cárceles » de ETA funcionaba como una estructura que, gracias a la actividad profesional de asistencia letrada de sus miembros, ejercía «sus funciones de acuerdo a las directrices de la organización terrorista».

El despacho profesional de Goioaga, situado en la calle Elcano de Bilbao donde también se localizaba el despacho de Arantxa Zulueta, fue precisamente registrado en enero de 2014, en una de las operaciones policiales contra el colectivo de abogados de ETA.

La investigación policial ha identificado a Goioaga como uno de los abogados que hacían «rondas» por las cárceles para trasladar a los presos de ETA las directrices de la banda. El objetivo del frente era así «llevar a cabo un adoctrinamiento y concienciación ideológica sobre los presos» para que se mantuvieran «fieles y cohesionados a los postulados de ETA, intentando con ello anular cualquier iniciativa individual» que cuestionara las estrategias de la banda.

Esas «rondas» por los centros penitenciarios eran planificadas previamente en reuniones del «frente de cárceles», en las que se acordaban los contenidos de la información que se trasladaba. Según la exposición motivada, de siete reuniones detectadas del colectivo de presos, Goioaga estuvo presente en cuatro, tres de las cuales quedaron documentadas en actas.

El escrito del juez también relata que el frente de cárceles habría cometido dos delitos fiscales, en los ejercicios 2012 y 2013, por dejar de abonar a la Hacienda Pública 270.336,074 euros. Esta cantidad se correspondería con el IVA de los pagos realizados a los abogados por parte de la organización Herrira, que los financiaba.

Los letrados, capitaneados por Zulueta, podrían ser además responsables de «dos delitos de blanqueo de capitales al haber adquirido, poseído, utilizado y convertido las cuotas defraudadas a sabiendas de que procedían de un delito». Este colectivo actuaba, en definitiva, como una «estructura subordinada a ETA».