La Audiencia Nacional procesa a un militar marroquí por delitos de genocidio en el Sahara

En un auto, el juez De la Mata, que ha sustituido a Pablo Ruz en la instrucción de esta causa, procesa al funcionario por un delito de genocidio cometido mediante tortura, y lo hace a petición de una acusación, que recurrió la decisión de Ruz de no procesarle por estar prescrito el delito.

Sin embargo, De la Mata considera, al igual que la Fiscalía, que el delito no ha prescrito, porque las torturas que supuestamente realizó a Brahim Mohamed Salem Omar en el cuartel no fueron «una acción aislada y desconectada de todo el plan genocida» contra los saharauis, sino que se desarrolló «dentro del plan de destrucción física de los saharauis, acometido por militares y policías en el cuartel».

El procesado era, abunda el juez, «plenamente consciente» de que sus acciones se enmarcaban en este plan genocida y por ello las torturas formaron «parte inseparable del delito de genocidio que se cometió desde 1975 a 1991» para acabar con los saharauis.

Por tanto, cree que el delito que se imputa a Yeudan no está prescrito al no haber pasado más de 20 años desde 1991 hasta 2006, cuando se interpuso la querella por el genocidio en el Sahara.

«Concurren elementos indiciarios suficientes para poder afirmar que Lehsan Chaf Yeudan conoció y, lo que es más relevante y diferencial, participó directa y personalmente, con hechos constitutivos de torturas, del plan global diseñado e implementado sistemáticamente por los autores para destruir a los saharauis», afirma el juez.

El hombre supuestamente torturado por Yeudan estuvo preso en el cuartel de Smara dos meses y 13 días, tiempo en que compartió cautiverio con otros 72 saharauis y presenció cómo quemaron vivo a un preso y cómo una mujer dio a luz en la cárcel, tras lo que al recién nacido le cortaron los dedos y se los pusieron luego en su comida.

Ruz ya procesó el pasado abril a once altos cargos, militares y policías marroquíes por delitos de genocidio en el Sahara entre 1975 y 1992, en concurso con delitos de detención ilegal, torturas, asesinato y desaparición forzada.

El juez apoyó su procesamiento en las declaraciones prestadas por 19 víctimas directas que permiten «corroborar la indiciaria veracidad» de los delitos denunciados, apoyadas en muchas ocasiones por «documentos de identidad de la época o fotografías de las lesiones sufridas como consecuencia de las torturas».

Hace algo más de un año, a raíz de la reforma de la ley de justicia universal, Ruz, con el apoyo de la Fiscalía, rechazó archivar esta causa porque cuando ocurrieron los hechos denunciados en los años 70 y 80 el Sahara Occidental era territorio español.

Para siete de los once procesados, el juez acordó la busca y captura e ingreso en prisión a efectos de extradición «al no constar el paradero de los mismos».

Dejó fuera a otros ocho querellados ante la falta de pruebas, sin perjuicio de que posteriormente se pudiera ampliar también a ello el procesamiento «si aparecieran nuevas pruebas»