El funcionario que coordinó la detención de Rato va en las listas del PSOE por Madrid

Jesús Asenjo va en la lista del PSOE, que encabeza Antonio Miguel Carmona , a la alcaldía de Madrid. En concreto, es el número 29. Y además no es un desconocido en el Partido Socialista de Madrid (PSM). En las pasadas elecciones también fue candidato a concejal del ayuntamiento de la capital en las lista que encabezaba Jaime Lissavetzky, aunque no llegó a salir elegido. Asenjo, al mando del dispositivo encargado del registro de la casa de Rodrigo Rato y de la oficina del exvicepresidente, firmó en 2010, como responsable de la agrupación socialista del distrito de Arganzuela, un documento de apoyo a la candidatura de Tomás Gómez frente a la de Trinidad Jiménez para la presidencia de la Comunidad de Madrid.

En la operación de registro de la casa del exvicepresidente y su posterior traslado hasta sus oficinas el jueves de la pasada semana se produjo una imagen que daría la vuelta al mundo: el que fuera responsable de uno de los organismos más importantes del planeta, el FMI, y el adalid del milagro económico español de finales de los 90, era obligado por un funcionario de Vigilancia Aduanera a entrar en un coche policial. Y además la instantánea se producía ante decenas de flashes y cámaras de televisión. Alguien había avisado a los medios de comunicación de que la imagen iba a producirse.

Las circunstancias que rodearon la detención del exvicepresidente del Gobierno están plagadas de sombras. El arresto no se ajustó a los cánones de una detención convencional. Y no porque no fuera ordenada por el juez (en este sentido no tiene tacha alguna de ilegalidad), sino porque a su retransmisión en directo (que sí sorprende) se sumó lo que en el mejor de los casos sería una descoordinación de la Fiscalía y en el peor, una desobediencia. Como avanzó ABC, los fiscales de Madrid que formularon la denuncia contra Rato en los juzgados de Plaza de Castilla contrariaron la orden del fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix, y del fiscal jefe provincial, José Javier Polo, cuando pidieron la detención de Rato.

Cada vez son más las voces que consideran desproporcionado el trato y las medidas aplicadas a Rodrigo Rato en relación a los presuntos delitos por los que se le investiga –cinco delitos fiscales, blanqueo de capitales y alzanmiento de bienes–. Y, sobre todo, lo creen desproporcionado por el momento de la investigación en el que se encuentra.

Fuentes jurídicas consultadas por este diario aseguran que el expediente que la Agencia Tributaria ha enviado al Sepblac (Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales) y después a la Fiscalía, demuestra que la investigación está todavía en una fase muy embrionaria. No se puede hablar de blanqueo de capitales si antes no se demuestra que hay delito fiscal. Y en las pruebas que se van haciendo públicas no hay facturas falsas, que pudieran dar lugar a este delito, sino que podrían ser facturas de conveniencia. «Lo normal es que con esta información Hacienda hubiera abierto una inspección, no lo que hemos visto», apuntan las citadas fuentes, que consideran que la Fiscalía Anticorrupción tenía razón cuando hace dos meses rechazó el expediente que en ese momento le entregó la Agencia Tributaria porque consideró que los indicios eran muy prematuros.

Rodrigo Rato argumentó en este sentido en declaraciones a este diario que lo que hay es discrepancias con la Administración Tributaria y no delito. También considera infundadas las acusaciones de alzamiento de bienes. «No he vendido nada», apuntó, y la fianza por el «caso Rato» está cubierta por el seguro «que teníamos los directivos de la entidad financiera».

Lo que sí reconoce el exvicepresidente del Gobierno es que se acogió al proceso de amnistía fiscal aprobado por el Ejecutivo. Un proceso que, a diferencia del puesto en marcha por el Gobierno de Felipe González en 1991, sí exigía la identificación de quién se acogía a la misma y una pequeña tributación. Eso sí, en principio garantizaba el anonimato y que no te pudieran inspeccionar por ello. Un informe emitido por la Dirección General de Tributos ya bien entrado 2012 para incentivar que los contribuyentes se acogieran al proceso de regularización, aclaraba que «no resulta procedente la comprobación aislada de la declaración tributaria especial». O lo que es lo mismo, que los inspectores no revisarían estas declaraciones. Cuando se supo que el tesorero del PP, Luis Bárcenas, y el histórico líder sindicalista Fernández Villa se habían acogido a la amnistía, en Hacienda se levantó la veda.