El juez Ruz rechaza imputar a Cospedal y Acebes por la caja B del PP

En un auto, el magistrado desestima los recursos interpuestos por los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta y las acusaciones populares ejercidas por Izquierda Unida (IU), Observatori DESC y ADADE contra el auto en el que proponía juzgar, además de a los dos extesoreros, al exgerente del PP Cristóbal Páez , los socios del estudio de arquitectura Unifica, que llevó a cabo la reforma de la sede «popular», Gonzalo Urquijo y Belén García, y su empleada Laura Montero.

Ruz rechaza imputar a Ángel Acebes y María Dolores de Cospedal por los delitos atribuidos a Bárcenas, Lapuerta y Páez, como solicitaba IU, porque no pueden extenderse estas valoraciones a personas «respecto de quienes no se ha formalizado imputación por tales hechos en la fase de instrucción», no han prestado declaración en tal condición y tampoco se han practicado diligencias sobre ellas.

En cuanto a la oposición de ADADE al archivo de la causa que fue abierta contra una veintena de empresarios donantes y Ángel Acebes, el magistrado destaca que ese sobreseimiento es «consecuencia de la ausencia, por el momento y a tenor del conjunto de las diligencias», de indicios suficientes para considerar acreditada su participación en los hechos investigados.

Ruz también rechaza el recurso interpuesto por la defensa del extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas argumentando que en el procedimiento está «indiciariamente acreditada» su participación como «corresponsable del sistema de contabilidad paralela o 'caja B'» instaurado en la formación.

De igual modo, se opone al recurso presentado por los abogados de Lapuerta solicitando el archivo de su causa y recalca que lo «procedente es diferir al inicio del juicio oral el examen sobre su eventual deterioro de sus facultades intelectivas y cognitivas a través del oportuno dictamen médico forense» y, en su caso, un eventual archivo sobre el que debería decidir la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

El juez ratifica así el auto conocido el pasado 23 de marzo en el que consideraba «indiciariamente acreditado» que el PP «se sirvió durante 18 años, desde 1990 hasta al menos 2008, de varios sistemas de cuentas que registraron corrientes financieras de entrada y salida de dinero al margen de la contabilidad oficial declarada por el partido y presentada ante el Tribunal Cuentas».