La acusación de genocidio en el Sahara supone un bombazo en las relaciones Madrid-Rabat

La Justicia francesa dictó a principios de 2014 pasado una orden de detención contra un responsable de las Fuerzas de Seguridad marroquíes y eso acabó en un serio vacío de las relaciones bilaterales entre París y Rabat de un año.

El Gobierno de Mariano Rajoy, consciente de lo complicadas y delicadísimas que son las relaciones bilaterales con el vecino del sur, no ha entrado en el juego de las críticas mientras se repatriaban los dos cadáveres, llegados el jueves a Madrid. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, se limita a hablar de «disfunciones» en las labores de rescate. El de Interior, Jorge Fernández Díaz, asegura que las autoridades del país magrebí no han actuado «de mala fe».

Esas reacciones sin ánimo de entrar en el barro pudieron apreciarse también cuando el verano pasado empezaron a llegar a las costas del estrecho de Gibraltar decenas de barcas con emigrantes subsaharianos procedentes de las costas próximas a Tánger. Quedó demostrado que las Fuerzas de Seguridad marroquíes habían abierto la mano, pero ni eso fue motivo para la crítica al «amigo» del sur.

El auto de Pablo Ruz supone tocar la fibra más sensible del reino, un verdadero mazazo a las relaciones que ambos Gobiernos pretenden desarrollar.

Pero la separación de poderes que hay en España no la hay en Marruecos, donde el Rey Mohamed VI sigue siendo el pivote del Legislativo, del Ejecutivo y del Judicial, además de ser la primera autoridad económica y religiosa. Si en Madrid no se espera una reacción del Gobierno al auto de Pablo Ruz, en Marruecos todos miran a palacio esperando la reacción del Monarca. El juez ha dictado una orden de busca y captura internacional contra siete de esos altos cargos.

Madrid sigue sin tener en el Sahara un asunto prioritario, pero espera de Rabat la máxima colaboración en la lucha contra el terrorismo yihadista, la emigración clandestina o el tráfico de drogas. A cambio, la prioridad de Rabat, más allá incluso de Ceuta y Melilla y aunque no sea un asunto abordado a diario con luz y taquígrafos, es que poco a poco se vaya apuntalando su deseo de adquirir soberanía legal en la ex colonia española.

Ningún país del mundo reconoce oficialmente soberanía alguna de Marruecos sobre ese territorio, pero, al mismo tiempo, ningún Gobierno democrático español, por más que cacareen la defensa de una solución al conflicto bajo los auspicios de la ONU , ha dado la espalda a Marruecos en este sentido. En todo caso, el reino alauí no se distrae lo más mínimo. Por eso entre los muros de palacio estarán leyendo con lupa, y desagrado, el auto del juez Pablo Ruz. ¿Reaccionarán de la misma manera que Madrid cuando se abrió el grifo de las pateras o ahora que han muerto dos montañeros españoles en el Atlas?