El Defensor del Pueblo destaca el «claro malestar» que provocan las tasas judiciales

El informe pone de manifiesto que las medidas puestas en marcha por el Gobierno para evitar la tardanza en la tramitación de los procedimientos judiciales «no han sido suficientes» y que esta situación «repercute de forma negativa en la imagen del sistema judicial y, por ende, socava uno de los pilares del Estado de Derecho». «Una justicia tardía supone, en la práctica, una mala justicia», recuerda.

Al igual que en años anteriores, el Defensor del Pueblo deja constancia de la «insuficiencia de medios» con que cuentan algunos juzgados y señala que su estado es «consecuencia directa, en la mayoría de los casos, de la austeridad económica que continúa afectando a todos los sectores del país».

En concreto, este organismo recibió en 2014 un total de 172 quejas por demoras judiciales, seis más que en el ejercicio anterior. De ellas 80 afectaban a la Jurisdicción Civil (nueve más que el año anterior), 53 a la Penal (seis más que el año anterior), 20 a la Social (tres menos que el año anterior), 11 a la Mercantil (cuatro más que el año anterior) y ocho a la Contencioso-administrativa (diez menos que el año anterior).

En relación con los registros civiles, el informe apunta que continúan en una situación de «provisionalidad normativa» que redunda en su «colapso», sobre todo en las comunidades autónomas que en su día asumieron las competencias en esta materia y que siguen esperando, tras la aprobación de la nueva Ley de Registro Civil, cuya entrada en vigor se viene aplazando, que estas funciones dejen de ser desempeñadas por los juzgados.

Con respecto a la concesión de indultos , el Defensor del Pueblo destaca que «continúan detectándose demoras, en ocasiones injustificadas, en la tramitación de este tipo de expedientes». «En ocasiones, las personas que contactan con la institución solicitan su intervención o mediación para promover el indulto o para solicitar su apoyo con relación a una petición ya formulada», apunta.