Cien días en la cárcel que él mismo inauguró

Granados, ex hombre fuerte de Esperanza Aguirre, fue detenido el 27 de octubre por agentes de la Guardia Civil y cuatro días después ingresó en prisión por orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco como acusado de delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, cohecho, malversación de fondos, prevaricación y fraude.

El antiguo consejero de Presidencia, Justicia e Interior entró en el centro penitenciario de Madrid VII, la última cárcel creada en la región (entonces durante el mandato de Alfredo Pérez Rubalcaba como ministro del Interior) por ser el supuesto cabecilla de una trama de corrupción municipal y regional junto a los empresarios «conseguidores» David Marjaliza y Alejandro de Pedro o el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez.

La prisión de Estremera tiene una superficie de 365.730 metros cuadrados y contiene 12 módulos residenciales y cuatro polivalentes, con 1.008 celdas en total. Además cuenta con un módulo de régimen cerrado con 70 celdas, un módulo de ingresos, salidas y tránsitos con 72 celdas y un módulo de enfermería con 64 camas.

Alberga también un edificio de comunicaciones, con 41 locutorios, 22 salas para visitas de familiares y otras 22 para «vis a vis» íntimo. Una zona deportivo-cultural, talleres productivos y formativos y un edifico de enfermería son otros de los recursos con los que cuenta la edificación.

El ex «número dos» del PP madrileño negó en su declaración ante el juez Velasco haber participado en esta trama y aseguró que la cuenta de Suiza que se le atribuye es en realidad del empresario y presunto «conseguidor» Marjaliza , según fuentes de la defensa.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 decretó prisión incondicional para Granados por formar parte de una «organización criminal» y ser el «titular de algunas de las cuentas de las que las autoridades suizas han informado que existe sospecha de blanqueo de capitales agravado».

De igual modo, el juez destacó que existen indicios de que «a lo largo de su carrera pública» el exmandatario popular habría beneficiado a Marjaliza y a otros empresarios como José Luis Huerta en materia de contratación pública y urbanismo, de forma que tomó parte en «una red de tráfico de influencias que ha utilizado también en beneficio propio».

La investigación ha identificado diversas operaciones inmobiliarias que se sospecha que podrían haberse presentado como «contraprestación» de los empresarios beneficiados a las labores de mediación desarrolladas por el exdirigente popular.