Hacienda se persona como perjudicado por delito fiscal en las obras de la sede del PP

Los servicios jurídicos del Estado han adoptado esta medida después de que Hacienda señalara en un informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que la compañía cometió cuatro delitos fiscales en estos trabajos al no declarar el Impuesto de Sociedades y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

El informe destaca que la compañía, dirigida por el arquitecto Gonzalo Urquijo, «habría dejado de ingresar» a la Hacienda pública unas cuotas que en cuatro ejercicios «superan los 120.000 euros», límite establecido por el Código Penal para el delito fiscal. Se trataría, en concreto, del Impuesto de Sociedades correspondiente a los años 2006 y 2007 y del IVA de 2009 y 2010.

En su informe el organismo tributario confirma que las obras de reforma de la planta baja de Génova, que se llevaron a cabo en 2006, presentan un descuadre de 750.095,04 euros que el PP abonó al estudio de arquitectura Unifica «con fondos ajenos al circuito económico legal», según apuntó Ruz en un auto dictado en noviembre pasado.

La Agencia Tributaria llega a esta conclusión tras cotejar las dos certificaciones sobre estas obras que elaboró Unifica, una por el importe total de los trabajos y otra descontando los supuestos pagos en negro. Así, apunta que por los trabajos de 2006 el estudio tendría que abonar 332.295,30 euros a Hacienda para regularizar su situación fiscal. Teniendo en cuenta las anotaciones que el extesorero Luis Bárcenas realizó en sus manuscritos, que reflejaban unos pagos inferiores a los descuadre entre certificaciones, la propuesta de regularización supondría un pago de 134.162,04 euros.

En relación con el Impuesto de Sociedades de 2007, el informe señala que Unifica no declaró 211.160,77 euros correspondientes a las obras en la segunda planta del edificio (195.000 euros según los «papeles de Bárcenas») y 274.880,35 euros (258.000 en los manuscritos) por los trabajos en la planta quinta. La regularización ascendería a 1,2 millones, atendiendo a las cantidades de las certificaciones, y a 1,1 millones según los pagos anotados en la supuesta contabilidad B.

El informe, de 111 páginas, también calcula la defraudación que habría cometido Unifica al no declarar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) correspondiente a las obras que realizó en los años 2009 y 2010.