Seguridad nacional: nuevos retos, nuevas propuestas

Esta máxima cobra una renovada actualidad ante un dato de experiencia: al tiempo que los riesgos y amenazas de corte clásico siguen vigentes, los enemigos de la democracia adquieren nuevos rostros. El actual escenario geoestratégico nos sitúa ante desafíos novedosos en materias como ciberdelincuencia, proliferación de armas de destrucción masiva o vulnerabilidad energética, entre muchas otras. Y, al mismo tiempo, riesgos bien conocidos, como la amenaza terrorista, o los daños de los desastres naturales, no dan tregua a nuestras sociedades.

Las cuestiones que se nos plantean resultan, por tanto, de la mayor trascendencia. ¿Cómo garantizar, cada vez mejor, la protección efectiva de nuestros ciudadanos sin merma de sus derechos fundamentales? De lo que se trata, en definitiva, es de proteger esa piedra angular de las libertades que es la seguridad de las personas. Y es aquí donde cobra su máxima relevancia la política de Seguridad Nacional, un compromiso electoral que llevamos impulsando con firmeza y determinación desde los mismos comienzos de la legislatura.

El compromiso del Gobierno es indeclinable. El riesgo cero no existe, como tampoco existe la seguridad absoluta. A cambio, sí podemos decir, con plena confianza, que España se encuentra a la vanguardia de la seguridad. Así lo demuestra, día tras día, el trabajo de miles de hombres y mujeres que dan lo mejor de sí mismos en nuestras Fuerzas Armadas, en nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como en los distintos servicios de Protección Civil, cuya labor merece la mayor valoración por parte de los españoles. Y así lo demuestra también el decidido impulso que ha dado este Gobierno a la Seguridad Nacional.

A los hechos me remito: el Anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Nacional, abordado ayer en Consejo de Ministros, representa uno de los mayores avances acometidos por un Gobierno en la materia. Con la nueva norma, el Estado se dota de las herramientas jurídicas imprescindibles para actualizar nuestra comprensión de la Seguridad Nacional a los nuevos desafíos, y adecuar las estructuras existentes para fortalecer la prevención y la respuesta ante situaciones de crisis. El anteproyecto da cumplimiento, además, a las orientaciones marcadas por la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en 2013. Y cumple también con el espíritu y la letra que caracterizan las reformas del Gobierno: lejos de suponer un aumento del gasto público, las nuevas estructuras contempladas han implicado una optimización de los recursos ya existentes.

Fruto del trabajo coordinado de distintos departamentos ministeriales y del Departamento de Seguridad Nacional –secretaría técnica y órgano permanente de trabajo del Consejo de Seguridad Nacional–, el nuevo texto legal configura la Seguridad Nacional como una Política de Estado que, bajo la dirección del Presidente del Gobierno, implica por primera vez a todas las Administraciones Públicas y a la sociedad en general. Con este nuevo enfoque integrador, el Estado se dota de un asesoramiento continuo y especializado en materia de Seguridad Nacional, y fortalece su capacidad de prevención de situaciones de crisis y de respuesta en la gestión de las mismas.

Las novedades de la ley, sin embargo, no terminan ahí. El texto, que en próximas fechas iniciará su tramitación parlamentaria, nace con la vocación de consenso propia de la ya aludida condición de la Seguridad Nacional como Política de Estado. Por otra parte, se delimitan y concretan las funciones que han de tener los órganos superiores y autoridades en este ámbito, con un papel de especial relevancia para el Consejo de Seguridad Nacional, órgano colegiado del Ejecutivo para asesorar al Presidente del Gobierno en este ámbito y dirigir y coordinar la gestión de crisis.

Al ofrecer una nueva cobertura legal a los instrumentos necesarios que permiten una cooperación eficiente en el uso de los recursos del Estado, España se equipara a los países más avanzados en la materia y, ante todo, está mejor preparada para cumplir con sus objetivos últimos en Seguridad Nacional: salvaguardar el Estado de Derecho y las libertades de los ciudadanos. Precisamente desde este punto de vista se hace necesario destacar los aspectos operativos que define la ley. Me refiero, en concreto, al impulso de la gestión de crisis, que refuerza su papel en la detección y valoración de los riesgos y amenazas.

El Anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Nacional también es un texto pionero en tanto que facilita la participación de la sociedad civil y sus organizaciones tanto en la formulación como en la ejecución de la Política de Seguridad Nacional. En paralelo a la participación ciudadana y los nuevos cauces para la colaboración público-privada que contempla la legislación que ahora impulsamos, el Gobierno también busca promover, mediante la implementación de acciones y programas concretos, una Cultura de Seguridad Nacional que implique al ciudadano en su preservación.

Vivimos en un mundo cambiante y complejo. Junto a las nuevas oportunidades, tenemos también ante nosotros nuevas amenazas de carácter transversal, que exigen de los poderes públicos respuestas integrales y eficaces. Con el Anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Nacional, España busca potenciar las capacidades del Estado para responder a desafíos de índole muy diversa, que pueden poner en riesgo la seguridad y bienestar de nuestros ciudadanos o los principios del Estado de Derecho. Frente a ello, la nueva política de Seguridad Nacional impulsada por el Gobierno es una apuesta decidida por la protección de nuestra democracia, de nuestros valores más queridos, de las libertades y derechos y, en definitiva, de la seguridad y el bienestar de los españoles. Como dije al comienzo de mi artículo, no hay objetivo que pueda superar a este.

MARIANO RAJOY ES PRESIDENTE DEL GOBIERNO