Mas se gasta 6,3 millones en «embajadas» mientras las demás regiones ahorran 22

La aceleración en el proceso independentista decretada por Artur Mas, y que tiene en la llamada internacionalización del proceso un elemento clave, tiene su traducción automática en los Presupuestos de 2015, donde el capítulo de Acción Exterior asciende hasta los 19,8 millones (2015), frente a los 16,5 de 2014. De los casi 20 millones para el próximo ejercicio, 8,6 millones se dedican a cooperación y el resto es propiamente el gasto en «diplomacia».

Aunque los «éxitos» diplomáticos de la red exterior del Ejecutivo autonómico han sido escasos –el silencio es clamoroso, cuando no la hostilidad, de gobiernos y organismos internacionales–, la Generalitat insiste. Según confirmó esta misma semana el portavoz Francesc Homs, el esfuerzo en gasto y funcionarios para los «Foreign Affairs» de la Generalitat está en fase expansiva. En pocos días se aprobarán los decretos de creación de las delegaciones en el exterior de Roma y Viena, que se sumarán a las ya existentes de Bruselas (la más nutrida), Londres, París, Berlín y Nueva York.

La decisión implica que la Generalitat recuperará su delegación en Roma, tras el cierre de la que ya tuvo en el palacio Cecchiini durante los últimos años de los gobiernos de Jordi Pujol, y que fue clausurada por el tripartito de Pasqual Maragall. La cerró poco después de ganar las elecciones junto con la de Casablanca (Marruecos). Posteriormente, y durante un momentáneo repliegue en aras de la contención del gasto, también se cerró la delegación de Buenos Aires.

Sea como fuere, el ejecutivo de Artur Mas ya hace al menos un par de ejercicios que dio por superada esa etapa de repliegue y vuelve a pisar el acelerador en su estrategia de política exterior. Según datos recopilados por este diario, en los últimos tres años, coincidiendo con el giro independentista, la Generalitat se ha gastado 6,3 millones de euros en sus «embajadas».

En concreto, la evolución del presupuesto en delegaciones ha sido de 1,1 millones en 2013; 2,2 en 2014 y 3 millones de euros en 2015. No obstante, esta última cifra debe cogerse con cautela, no tanto porque el Presupuesto de 2015 puede que no llegue a aprobarse ante la hipotética convocatoria de elecciones anticipadas, como por el hecho de que el número de embajadas incluso va a crecer más allá de las nuevas de Roma y Viena.

En este caso aún sin fecha, pero con la previsión de que entren en funcionamiento antes de acabar 2015, el secretario de Asuntos Exteriores de la Generalitat y de la UE, Roger Albinyana, confirmó que el Gobierno catalán quiere implantarse en países de Europa del Este, del norte de Europa y en Asia. De manera más inconcreta, el Ejecutivo de Mas contempla regresar a Iberoamérica.

En lo que sí trabaja ya la Generalitat es en la organización de nuevas acciones para fomentar su presencia internacional, para lo que cuenta con el organismo Diplocat, así como en «reforzar» la presencia catalana ante la UE. Únicamente por la sede en Bruselas, donde trabajan una quincena de trabajadores, se paga un alquiler anual de 936.170 euros

En paralelo, la Generalitat prevé organizar el tercer máster sobre acción exterior, destinado a formar trabajadores para que después desarrollen tareas relacionadas con este ámbito para la administración catalana. Es, de hecho, el intento de armar el embrión de una futura Escuela Diplomática catalana, como en su momento adelantó ABC.

La partida en relaciones internacionales se traduce también en el capítulo de personal. Según los presupuestos de 2015, el personal de Presidencia –del que depende Exteriores– lo componen 926 trabajadores (de los cuales 32 son altos cargos y 45 eventuales). La cifra supone cinco trabajadores más que los que había el año pasado, y uno de ellos es alto cargo, lo que podría corresponder con el del nuevo delegado en Roma, que recibiría un sueldo aproximado de 80.000 euros al año, equivalente al de un director general.

De manera concreta, la Secretaría de Asuntos Exteriores pasa de 15 millones de euros a 17. De estos, el incremento en cooperación no llega al millón de euros, de lo que se deduce que el resto del dicho aumento es para delegaciones en el exterior.

El anuncio de la Generalitat de Cataluña de que abrirá nuevas oficinas en el exterior pone de relieve por contraste el ahorro que para las arcas del Estado ha supuesto la decisión de la mayoría de las comunidades autónomas de integrar en las Embajadas y representaciones de España las dependencias que mantenían en el extranjero. Según datos de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) a los que tuvo acceso ABC, hasta el pasado 30 de noviembre, gracias a esa medida, las comunidades autónomas habían ahorrado un total de 3.141.667 euros. Dado que, cuando se incorporan a las representaciones de España en el extranjero, las comunidades abonan la cantidad que les corresponda por el uso de las instalaciones, el Estado se habría ahorrado, a su vez, 379.771 euros.

Como se trata de un proceso dinámico con una progresiva integración de las oficinas, se estima que para finales de año el ahorro superaría los cuatro millones de euros y que para un periodo de tres años las arcas del Estado habrían conseguido ahorrar cerca de 22 millones de euros. De ellos, unos 19 corresponderían a lo que dejarían de gastar las comunidades autónomas y el resto a lo que ahorraría la Administración Central. Por término medio, según los datos de Presidencia, el ahorro por cada oficina incorporada a las instalaciones de España en el mundo, es de unos 65.000 euros.

Cuando se puso en marcha el proyecto había dispersas por todo el mundo un total de 166 «embajadas» autonómicas y la estimación del Gobierno era que 132 podrían llegar a incorporarse a las misiones diplomáticas. En virtud de los acuerdos suscritos, 57 oficinas pueden ya integrarse en las misiones diplomáticas, aunque sólo lo han hecho, por ahora, un total de 38.

Únicamente dos de los gobiernos autonómicos –en concreto los de Cataluña y el País Vasco– han expresado su rechazo a aceptar la oferta del Ejecutivo para que las oficinas que mantenían en el exterior se integraran en las Embajadas, las Oficinas de Cooperación o las Consejerías Económicas y Comerciales del Estado. La mayoría de las restantes han suscritos convenios con el Gobierno y están llevando a cabo esa integración, lo que supone un considerable abaratamiento de los costes de mantenimiento. Entretanto, el País Vasco cuenta con una quincena de embajadas u oficinas comerciales en el extranjero, lo que revela que las políticas de ahorro en tiempos de crisis son una cuestión de prioridades.