Ana Mato, ministra de Sanidad - jaime garcía
Audiencia Nacional

Ruz cree que Mato pudo beneficiarse de la actividad delictiva de su exmarido

El juez considera a la ministra de Sanidad «partícipe a título lucrativo» en la pieza general del caso Gürtel. Archiva la causa contra el exsecretario general del PP Ángel Acebes

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El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha archivado la causa contra el exsecretario general del PP Ángel Acebes en la investigación del caso Gürtel y ha incluido en el procedimiento a la ministra de Sanidad Ana Mato como «partícipe a título lucrativo». El juez considera que Mato pudo beneficiarse de las actividades delictivas que se atribuyen a su exmarido, Jesús Sepúlveda, quien fuera alcalde de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, dentro del caso Gürtel. [ Lee completo el auto del juez Ruz (PDF)]

Con este auto Ruz ha cerrado la parte troncal de la investigación del caso Gürtel, la conocida como época I -que instruye los hechos sucedidos entre 1999 y 2005. El juez ha transformado las actuaciones en procedimiento abreviado, lo que equivale al procesamiento del caso. Ahora se abre un plazo de 30 días para que la Fiscalía y las acusaciones pidan la apertura del juicio oral o, en su caso, el sobreseimiento.

Por la misma razón que a Mato, el magistrado ha incluido a Gema Matamoros, la esposa de Guillermo Ortega, el exalcalde de Majadahonda. En ambos casos, las citadas no están procesadas en la causa. Son consideradas posibles responsables civiles por haberse podido beneficiar de algunas de los delitos investigados. Su actuación será por ello sometida a juicio, explicaron fuentes jurídicas. Y en ese momento se fijará la cuantía exacta del posible beneficio.

La resolución judicial, que alcanza los 205 folios, afirma que Mato, como esposa en su momento del imputado Sepúlveda, «habría disfrutado o se habría beneficiado, sola o en compañía de otros miembros de la unidad familiar» de servicios turísticos, pago de eventos familiares y otros artículos de uso particular, como explica Ruz en una tabla que desgrana cuantías y conceptos, que en total superan los 50.000 euros. Estos regalos incluían «tanto desplazamientos en medios de locomoción como alojamientos en establecimientos hoteleros en España y en el extranjero».

Indicios para sentar en el banquillo a 43 personas

El magistrado también ha acordado archivar la imputación del exsecretario general del Partido Popular, Ángel Acebes, en la pieza general del caso Gürtel. Ruz considera que no hay indicios suficientes de que Acebes conocía que, en la operación de compra de acciones del medio Libertad Digital, estuviera implicado el entonces gerente del PP Luis Bárcenas con la supuesta caja b del partido. Este archivo se produce a pesar de que Ruz considera acreditado que Acebes era el superior jerárquico de Bárcenas, algo que negó el exsecretario general del PP en su declaración. Esta posición le otorgaba «un deber especial de control o vigilancia», dice el auto.

Aún así, Ruz mantiene todavía la imputación de Acebes por la pieza separada de esta misma causa, conocida como «papeles de Bárcenas». En ella se investiga su posible implicación en la compra de acciones del medio Libertad Digital por el que en aquel momento era el tesorero de la formación, Álvaro Lapuerta, con los supuestos fondos opacos. Esta situación se produce porque Ruz separó la implicación de Bárcenas y Lapuerta en las dos piezas diferentes. El archivo de su causa en la primera pieza podría repetirse en la segunda.

Con este auto, Ruz considera que hay indicios suficientes para sentar en el banquillo a 43 personas como imputados. Esta pieza se centra en la operativa corrupta desarrollada por Francisco Correa y Pablo Crespo entre 1999 y 2005, en operaciones que se localizaron en las comunidades de Castilla y León, Madrid, así como en la localidad de Estepona. Participaron, entre otros, tres extesoreros del PP (Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís), los exalcaldes Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda, el exsenador Jesús Merino, el exconcejal de Estepona Ricardo Galeote y el exconsejero de la CAM Alberto López Viejo, entre otros.

El juez atribuye a estas 43 personas los supuestos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude a la administración pública, falsedad documental, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, estafa, apropiación indebida y asociación ilícitia en el ámbito de la contratación.