Torres-Dulce expone que la suspensión del 9-N por el TC no dejó «margen alguno a la duda»

Así se señala en la «nota para la Junta de Fiscales de Sala», a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que Torres-Dulce concreta que la acción penal debería dirigirse contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas; la vicepresidenta, Joana Ortega y la consejera de Educación, Irene Rigau, por los delitos de desobediencia , malversación, prevaricación y de obstrucción a la Justicia o usurpación de atribuciones judiciales por su papel en la organización del llamado «proceso participativo» del 9-N .

A su juicio, la suspensión del TC afectó también a las acciones que no se hubieran formalizado jurídicamente «precisamente para prevenir actuaciones materiales en fraude de ley o vías de hechos buscadas intencionadamente para impedir su eventual impugnación». En los actos de impulso de estas actuaciones participaron de forma «personal y directa» Mas y su vicepresidenta, según el fiscal general.

Torres-Dulce comienza su nota señalando que la consulta celebrada el pasado nueve de noviembre fue «planificada, auspiciada y financiada por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña» y que ello se articuló principalmente a través de la web www.participa014.cat.

Frente a ello, y conociendo sus obligaciones, el Gobierno de Mas «desplegó una conducta incompatible con el contenido de dicha resolución» con el «designio original de celebrar una consulta de naturaleza materialmente referendaria igualmente suspendida por el TC», en la primera de sus resoluciones sobre este asunto.