Chaves y Griñán, investigados: preguntas y respuestas sobre la decisión del TS

¿Quién les investigará?

Solo un magistrado. El instructor del caso será Alberto Jorge Barreiro, miembro de la Sala de lo Penal y quien parte de cero en esta investigación, pues no es ninguno de los cinco jueces que firmaron el auto notificado ayer y en el que el Supremo se declara competente. Barreiro fue el instructor de la causa abierta contra Garzón por las escuchas de Gürtel y que acabó con su inhabilitación. Y también fue uno de los magistrados que votaron a favor de la legalización de Sortu. Con fama de «preciso y puntilloso», redactó la consulta sobre la constitucionalidad de la ley Corcuera (conocida popularmente como la «ley de la patada en la puerta»).

¿Irán a juicio?

Depende del resultado de la investigación, que en el Supremo no ha hecho más que empezar . Será el instructor el que, cuando la termine, tendrá que ver si hay indicios sólidos para llevar a los aforados a juicio. En caso contrario, tendrá que archivar el caso.

¿En qué consiste la instrucción de la causa?

El magistrado Alberto Jorge Barreiro podrá practicar todas las diligencias que considere oportunas, de la misma forma que lo hace cualquier juez de instrucción: llamar a declarar a los aforados, a testigos, pedir informes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a distintas administraciones, a la Intervención General del Estado, etc.

¿Se puede ampliar el número de personas investigadas?

En el auto de ayer, la Sala Penal deja claro que de momento investigará a los cinco aforados nacionales, pero deja la puerta abierta a que pueda asumir la investigación de cualquier otro imputado que esté investigando Alaya (no aforados) o el TSJ de Andalucía (aforados autonómicos) si el individuo en cuestión presenta una «conexión inescindible» con los cinco aforados del Tribunal Supremo.

¿Qué delitos se investigan?

De momento el Alto Tribunal ve indicios de malversación de caudales públicos y prevaricación. Eso no quiere decir que a lo largo de la investigación puedan aparecer otros delitos en uno o varios aforados, o incluso que en algún caso se disipen los indicios de delito en alguno de ellos.

¿A qué penas se enfrentan los aforados?

La malversación (que castiga a la autoridad o funcionario público que destinare fondos a usos ajenos a la función pública) está penada con multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo público de seis meses a tres años. La prevaricación (que presuntamente se habría cometido al adjudicar ayudas saltándose todo procedimiento y control) se castiga con inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.