El PP aclara que no es objeto de acusación alguna en el caso «Gürtel»

La aclaración hecha por el partido se produce horas después de que la Audiencia Nacional haya rechazado su petición de figurar como «perjudicado» en el juicio oral sobre una parte del «caso Gürtel» por considerar al partido como «partícipe a título lucrativo» en la supuesta trama, aspecto este que, siendo la causa de su exclusión, no constituye acusación alguna para la formación. El auto de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, cuyo ponente ha sido Juan Francisco Martel, argumenta que la formación política se ahorró gracias a las actividades de la trama 236.864,32 euros en la financiación de las campañas electorales a los municipios madrileños de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, según consta en un informe previo de la Fiscalía, que se basa en «dictámenes» emitidos por la Udef.

El auto judicial, al que ha tenido acceso ABC, afirma que «existen indicios de que el PP se benefició de las cuantías que los imputados dedicaron a realizar actividades propias de dicha formación política, la cual tuvo que tener conocimiento de aquellos dispendios, pues repercutió en su propio peculio». La Sala de lo Penal confirma, así, el auto del magistrado Pablo Ruz del pasado 29 de julio en el que incluía al PP como «partícipe a título lucrativo» en una parte de la supuesta trama del caso Gürtel.

Esta resolución judicial responde a un recurso de apelación del PP que solicitaba a la Audiencia Nacional que le retirara la «condición de responsable civil a titulo lucrativo» en el proceso. Según su tesis, la formación política fue un «verdadero perjudicado» por los supuestos hechos delictivos de los exalcaldes de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega. El recurso afirmaba que los indicios sobre el supuesto beneficio económico del PP son «inconcretos».

El recurso cuestionaba la situación procesal de la formación política respecto a la pieza separada del caso Gürtel conocida como «Época I», una parte de la investigación que incluye los hechos cometidos entre 1999 y 2005. En esta fase son acusados unos 45 imputados a los que se les atribuyen hasta once supuestos delitos. Entre ellos, los de prevaricación, cohecho o tráfico de influencias.