La Sala intenta evitar un voto particular sobre la imputación de Doña Cristina

En el primer auto en el que se pronunciaron sobre la imputación de Doña Cristina, Jiménez emitió un voto particular al discrepar con sus compañeros, que levantaron la imputación de la hija menor de Don Juan Carlos y Doña Sofía por los delitos en los que por entonces se le implicaba. No obstante, los dos magistrados, en un auto contemporizador, abrieron la puerta al instructor para que investigara un posible delito fiscal y otro de blanqueo a los que ahora se enfrenta la Infanta.

Los magistrados han mostrado una reserva absoluta sobre las deliberaciones y, de hecho, lo único que ha trascendido es que el ponente Gómez-Reino comenzó a trabajar en el auto a finales de agosto y que hace ya un par de semanas que lo tiene redactado. Sin embargo, la deliberación final se ha tenido que retrasar por el incidente de recusación planteado contra ese juez y su compañera Mónica de la Serna por la acusación popular que ejerce Manos Limpias . Una vez rechazado éste, será mañana cuando se conozca la decisión, si es que se llega a un acuerdo, como parece probable.

Aunque no hay una pista clara de cuál pueda ser la decisión, las fuentes consultadas por ABC señalan que Diego Gómez-Reino y Mónica de la Serna estarían completamente de acuerdo en sus planteamientos, a los que intentan sumar a Jiménez, que en la anterior ocasión fue partidario de mantener la imputación a Doña Cristina. Con los dos primeros votos sería suficiente, pero los magistrados son conscientes de que un voto particular en un caso como éste daría una imagen de división poco recomendable.

Uno de los escenarios posibles que se plantean es que se levante la imputación solo por blanqueo, pero no así por delito fiscal. En este supuesto sería de aplicación obligatoria la doctrina Botín , según la cual no se puede sentar en el banquillo a una persona por un delito en el que hay un perjudicado —en este caso, la Hacienda Pública—, sin que el fiscal ejerza una acusación pública, independientemente de que una acusación particular pretenda someterla a juicio, que es el supuesto en el que nos encontramos.

Se trataría de una solución —la Sala diría que hay delito, aunque no se pueda juzgar—, con la que se salvaría la instrucción del juez Castro y la imagen de independencia de los magistrados, y el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach vería ratificada su postura de que no se debe juzgar a Doña Cristina.

No obstante, otras fuentes afirman que si el relato del instructor es coherente y basado en indicios, lo lógico es que la Sala ratifique las imputaciones y que sea en el juicio oral donde se ventile la culpabilidad o no. Si es así, el auto, que se prevé voluminoso, no entraría en el fondo del asunto.