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Así quiere acabar el Gobierno con la corrupción

El Ejecutivo de Rajoy prevé que las medidas para la regeneración entren en vigor en marzo

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El Gobierno quiere aprobar lo antes posible las 50 medidas de regeneración democrática y contra la corrupción que contienen las leyes que quiere que entren en vigor en marzo. Así es como el Ejecutivo quiere regenerar la vida política española:

Financiación de partidos

El 30 de diciembre de 2001, se planteó la reforma de la ley orgánica de financiación de partidos, para reducir la subvención estatal y se incorporaron medidas de control.

Cesantías

Se limitaron las cesantías que cobraban los ex altos cargos, para hacerlas incompatibles con otra retribución.

Blanqueo

Se extendieron las máximas obligaciones de transparencia incluso bancaria a un elevado número de sujetos públicos y privados.

Administración

La reforma de las Administraciones Públicas trata de impulsar una cultura ética a través de políticas de austeridad y eficiencia en el gasto público.

Ley de Transparencia

Entrará plenamente en vigor este 10 de diciembre (excepto la parte autonómica). Incluye infracciones y sanciones, y afecta a diversas instituciones, incluida la Casa Real.

Donaciones

La ley de control financiero de los partidos que se va a tramitar incluye la prohibición de las donaciones procedentes de personas jurídicas.

Condonaciones

Se prohibirán las condonaciones de deuda a los partidos por entidades de crédito. Regulación de la figura del responsable de la gestión financiera de un partido.

Tribunal de Cuentas

Obligación de todos los partidos de presentar sus cuentas. Retención de subvenciones si no se presentan las cuentas o hay irregularidades.

Tarjetas de crédito

La futura ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado prohibirá las tarjetas de crédito a cargo de la Administración para pago de gastos de representación.

Retribuciones

Habrá exigencia de requisitos de idoneidad para ser alto cargo. Publicidad de retribuciones. Limitación de gastos y control de la situación patrimonial al final de su mandato.