Urkullu ofrece psicólogo, trabajo y casa a los presos críticos con ETA
El Gobierno vasco idea un programa de reinserción para etarras arrepentidos, aunque no tiene competencia
ITZIAR REYERO
Con el objetivo de animar a los presos de ETA a que asuman el daño injusto causado y se desmarquen de la banda, el Gobierno vasco ha ideado un programa de reinserción llamado «Hitzeman» y rebautizado como «Vía Legal», precisamente obviando que la única competencia ... es de Instituciones Penitenciarias. El Ejecutivo de Urkullu, sin embargo, no renuncia a exigir el traspaso de las políticas penitenciarias y mientras tanto presenta este borrador de plan alternativo a la «Vía Nanclares», reformulada después por el PP, y en el que apenas participan una docena de presos «arrepentidos». Entre sus novedades, se ofrece a los reclusos que se acojan de manera «personal y voluntaria» y que firmen en un documento su compromiso con la «paz y la convivencia», dos años de «cobertura institucional», que «se traduce en»: asesoramiento personal y legal, apoyo psicológico, apoyo a la reinserción laboral y de búsqueda de vivienda.
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A cambio, según el borrador presentado este jueves, el programa «Hitzeman» impulsado por la secretaría de «Paz y Convivencia» de Jonan Fernández asegura ofrecer a las víctimas «palabras y hechos» de «reparación moral», basados en el reconocimiento por parte del preso de que cometió una injusticia. Eso sí, se advierte de que los presos enfermos o mayores de 70 años «no necesitan seguir el programa». El Gobierno vasco insiste en que todos los reclusos de ETA deben ser acercados y los enfermos y los «relacionados con actividades políticas antes ilegalizadas y ahora normalizadas», puestos en libertad.
Al margen de Instituciones Penitenciarias
Según el plan del PNV, una comisión gestora creada por el Gobierno vasco propondrá cuatro «itinerarios» personales por los que los presos deberán transitar hasta completar su «reintegración social». Así, se ofrecen recorridos de compromiso académico (colaboración del preso con Universidades y otras instituciones académicas), de compromiso asociativo (colaboración del preso con organizaciones de la sociedad civil), de compromiso institucional (con ayuntamientos y otros) y de compromiso solidario.
Este tránsito será supervisado y deberá ser validado por la propia comisión del Gobierno vasco, que dará traslado de esa «certificación» de reinserción a las instituciones «competentes», es decir Instituciones Penitenciarias, dependientes del Ministerio, que ya tiene su propio programa, ineficaz hasta el momento. En el borrador se dice que la comisión estará compuesta por «personalidades de trayectoria plural, multidisciplinar y reconocida».
«Este programa ni garantiza nada ni es una fórmula mágica ni pretende crear expectativas falsas de solución a una problemática muy compleja», asegura el equipo de Urkullu, que no obstante defiende su intención, aunque sin poder, de «abrir un camino legal, viable realista y progresivo que pueda ser social y políticamente compartido de forma constructiva».
Sortu, contrario a cualquier proceso de autocrítica por parte de los presos de ETA, ya ha desdeñado el plan de Urkullu, al que acusa de «vender humo» porque carece de base legal para su propuesta.
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