Fotografía facilitada por la Generalitat de Cataluña del decreto de convocatoria de la consulta firmado por Artur Mas
Fotografía facilitada por la Generalitat de Cataluña del decreto de convocatoria de la consulta firmado por Artur Mas

El Consejo de Estado apoya por unanimidad que el Gobierno recurra al TC

La Comisión Permanente aprueba el dictamen de los dos recursos y los remite al Gobierno para activar mañana la impugnación ante el Constitucional de la votación del 9-N

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El Consejo de Estado ha aprobado este domingo por unanimidad los dictámenes en los que apoya que el Gobierno recurra ante el Tribunal Constitucional (TC) la ley de consultas catalana y el decreto de convocatoria de la consulta soberanista del 9 de noviembre.

La Comisión Permanente ha aprobado el informe que solicitó este sábado el Ejecutivo después de que el presidente catalán, Artur Mas, firmara el decreto de convocatoria de la consultay lo remitirá en las próximas horas al Gobierno.

Este dictamen es preceptivo aunque no vinculante para que el Gobierno interponga los recursos ante el TC que anunció este sábado la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

Con este informe ya en su poder, el Gobierno aprobará los recursos y dará instrucciones a la Abogacía del Estado para que los presente ante el Tribunal Constitucional.

Será en el Consejo de Ministros extraordinario que se celebrará mañana, lunes, cuando el Gobierno acuerde la presentación de los recursos de inconstitucionalidad y que estará presidido por el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, que volvió en la últimas horas de China.

Una vez que el Gobierno haya presentado el recurso en el TC, esta institución deberá decidir cuándo convoca un pleno extraordinario para debatirlo, ya que no hay ninguno ordinario previsto para la próxima semana.

El presidente del TC tiene entre sus atribuciones la convocatoria del pleno, según establece el artículo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

También el Reglamento de la institución recoge, en su artículo 4, que el presidente convocará el pleno por propia iniciativa y cuando lo pidan, al menos, tres magistrados.

Suspensión automática

La vicepresidenta del Gobierno recordó este sábado que el Ejecutivo solicitará al Alto Tribunal que suspenda la aplicación tanto de la ley como del decreto y que esta será efectiva con la admisión a trámite de los recursos. La suspensión tendrá efectos desde la misma entrada en vigor de los dos actos recurridos «y una vez suspendidos, no puede llevarse a cabo ninguna actuación tendente a ejecutarlos», advirtió

Esa suspensión tiene una vigencia de cinco meses y transcurrido este tiempo, si el Tribunal no ha dictado sentencia, debe decidir si prorroga esta medida cautelar o la levanta. La vicepresidenta también advirtió contra la interpretación de Convergencia de que, puesto que la suspensión es cautelar, la Generalitat podría tomar medidas también cautelares para desarrollar el decreto de convocatoria.

«La suspensión es automática y produce el efecto de que no puede producir ningún efecto, de ninguna naturaleza, ninguno, ni con carácter preventivo. Se suspende y deja de producir efectos, porque se suspenderán los dos elementos, la ley y el decreto», ha respondido la vicepresidenta.