José Manuel Sánchez-Fornet, impulsor del Observatorio Ciudadano contra la Corrupción
José Manuel Sánchez-Fornet, impulsor del Observatorio Ciudadano contra la Corrupción - efe
Observatorio Ciudadano contra la Corrupción

Jueces y fiscales rechazan un «Manos Limpias» policial

Desconfían de la iniciativa de varios policías para luchar contra la corrupción desde una asociación

Nati Villanueva
Actualizado:

«Una trinchera de la gente decente contra los corruptos». Así se autodefine el Observatorio Ciudadano contra la Corrupción que ha creado un grupo de policías, entre los que se encuentra el exsecretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) José Manuel Sánchez Fornet. No se trata de un organismo público, ni de una institución a que los poderes públicos hayan encomendado esa misión. De ahí las suspicacias que este observatorio, de cuya creación informó ayer ABC, genera en jueces y fiscales consultados por este periódico.

Los portavoces de las principales asociaciones de ambos colectivos coinciden en asegurar que el actual sistema ya ofrece suficientes respuestas en la lucha contra la corrupción y que no hay necesidad de crear «mecanismos de investigación paralelos» al trabajo que realizan ya las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las unidades administrativas que tienen encomendada esta función, la Fiscalía, y, por supuesto, los jueces de instrucción.

Este recién creado Observatorio Ciudadano contra la Corrupción, que tiene previsto presentar próximamente una querella contra la familia Pujol, pretende «analizar y canalizar las denuncias» de quien tenga conocimiento de un delito de corrupción. «En cada caso veremos si lo más conveniente es pasar los datos a la Fiscalía, al Tribunal de Cuentas, a la UDEF, a la Oficina de Investigación del Fraude», dice Sánchez-Fornet, uno de sus promotores.

«Ni pies ni cabeza»

«No tiene pies ni cabeza mezclar policías con asociaciones privadas», sostiene Ángel Dolado, presidente de Foro Judicial Independiente, para quien no tiene sentido crear «células y cosas extrañas». Desde la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, su portavoz, Pablo Llarena, señala que los agentes policiales «ya tienen perfectamente establecido el mecanismo de actuación contra la delincuencia, lo que se realiza dentro de la Policía y con observancia de órdenes». A su juicio, el sistema «ya funciona perfectamente, y cuando un policía tiene conocimiento de un delito lo tiene que poner en conocimiento de sus superiores». También el portavoz de Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, desconfía de investigaciones paralelas, pues en el fondo se trata de policías que pueden tener o haber tenido acceso a información por razón de su cargo, dice, y eso siempre es delicado. Sobre la asociación no pone peros: «tienen derecho a crearla, como cualquier otro ciudadano», pero recuerda que «no es una institución legal amparada en la lucha contra la corrupción».

De igual forma, desde la Asociación de Fiscales, Emilio Frías, recuerda que «la lucha contra la corrupción, sin perjuicio de la responsabilidad política, única y exclusivamente puede ser exigida por jueces y fiscales». «El sistema ya tiene respuestas suficientes contra la corrupción», señala.

Coincide con él Álvaro García Ortiz, de la Unión Progresista de Fiscales. «La información se obtiene a través de unos cauces legales, y nadie puede arrogarse un papel que está institucionalmente establecido». «El sistema ya ofrece suficientes respuestas; lo que necesitamos son más medios».